Apartir del 1 de julio de 2012 se establecen con claridad seis niveles de pago en función de los ingresos anuales y del estado de su salud
El Ministerio de Sanidad sigue poniendo en orden el Sistema Nacional de Salud. El nuevo sistema de copago farmacéutico, que se aplicará desde el próximo domingo, ha servido para detectar la existencia de 1,5 millones de tarjetas sanitarias irregulares.
El cruce de datos del Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la base de datos del Sistema Nacional de Salud -que no se realizaba desde 2004- ha revelado que 800.000 personas activas figuraban como beneficiarios de algún familiar, cuando su condición laboral les permitía tener un documento propio.
De ellos, 200.000 accedían a los medicamentos de manera fraudulenta, porque estaban adscritos a tarjetas de personas jubiladas y no pagaban nada por los fármacos.
Explica P. Rodríguez en ‘La Razón’ que, de hecho, se ha detectado a personas activas que con 60 años no tenían documento propio.
Estas situaciones de fraude son difíciles de cuantificar debido a que dependen de la duración del fraude, de las personas que realmente han accedido a los fármacos de manera gratuita y de la cantidad que se les ha dispensado.
En este punto, Sanidad pondrá en conocimiento de las comunidades el nombre de los beneficiarios que se encuentran en esta situación para que cada una, de manera individual y si lo estima oportuno, reclame las cantidades defraudadas cruzando los datos de los pacientes con las recetas.
A estos 800.000 hay que añadir a los usuarios del sistema que se habían declarado personas sin recursos para acceder a la Sanidad y tenían ingresos, en su mayoría inferiores a 1.800 euros anuales, límite fijado por el departamento de Ana Mato para establecer los límites de pago mensuales de los fármacos.
A partir del domingo, 1 de julio de 2012, este colectivo abonará un 10% del precio del medicamento, con un tope de 8 euros, realidad que afecta al 80% de los pensionistas. Por encima de los 18.000 y hasta 100.000, el límite se fija en 18 euros.
Los jubilados con una renta superior deberán afrontar el pago del 60%, con un tope de 60 euros.
El número de personas que se había declarado sin recursos para acceder a la tarjeta asciende a 552.000, de los que realmente estaban en situación precaria 26.000.
Dentro de este grupo, 523.000 tenían ingresos, 5.000 ganaban más de 18.000 euros y 2.200 eran pensionistas, de los que 300 superaban los 18.000 euros.
Rigidez del sistema
Uno de los datos más llamativos en cuanto a las tarjetas sanitarias solicitadas por personas sin recursos lo representa un grupo de 100 personas que, a pesar de ganar más de 100.000 euros al año -rentistas en su mayoría-, tenían que inscribirse en esta categoría porque la rigidez del sistema no les permitía acceder a la tarjeta sanitaria de otra manera.
Esta situación cambiará a partir del 1 de julio de 2012, debido a que se establecen con claridad seis niveles de pago en función de los ingresos anuales y del estado de su salud.
Finalmente, tal y como anunció Mato en la comparecencia ante los medios después del maratoniano Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles, se va a proceder a anular las 150.000 tarjetas de personas fallecidas, cuyo documento permanecía activo, con las que cabría la posibilidad de que también se hubiera cometido fraude.
