María Jesús Montero, la ingeniosa ministra de Hacienda, ha vuelto a sorprender con sus movimientos financieros.
En lugar de ejecutar las transferencias habituales, ha reactivado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), destinando millones a ciertas comunidades autónomas.
Este fondo, diseñado originalmente para proporcionar liquidez a las regiones en dificultades, se ha convertido en una herramienta para distribuir recursos de manera selectiva.
La estrategia de Montero genera controversia y sospechas sobre sus verdaderas intenciones y la equidad en la distribución de estos fondos.
El uso del FLA en lugar de las transferencias directas levanta cuestiones sobre la transparencia y la imparcialidad en la gestión de los recursos públicos.
Esta maniobra puede estar motivada por intereses políticos, beneficiando a ciertas comunidades en detrimento de otras.
