El Parlamento Europeo ‘encara’ al dictador Nicolás Maduro.
Este 10 de julio, el Parlamento aprobó con 487 votos a favor una resolución que insta a las autoridades a reconocer la situación, evitar que se agrave y tomar medidas políticas y económicas para garantizar la seguridad de la población y la estabilidad del país y de la región.
“La ya terrible crisis humanitaria, política, económica, institucional y social ha empeorado significativamente durante la pandemia”, subraya la resolución.
A lo que suman otros graves aspectos como “la escasez de medicamentos y alimentos, las violaciones masivas de los derechos humanos, la hiperinflación, la opresión política, la corrupción y la violencia”.
Los eurodiputados hicieron un importante llamamiento a Nicolás Maduro de cesar en su intento de celebrar un fraude electoral en diciembre. El mismo que viene preparando con la ‘expropiación’ a partidos políticos de la oposición y la creación de un CNE con puros rectores afines al régimen.
En este sentido, el Parlamento Europeo exige que se celebren elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes y creíbles, como la única manera de salir de la crisis.
El Parlamento reitera su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino legítimo de Venezuela, y a la Asamblea Nacional, el único órgano democrático de Venezuela elegido legítimamente.
La resolución rechaza las vulneraciones del ordenamiento democrático y constitucional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias contra los opositores.
Los eurodiputados lamentan las amenazas de Nicolás Maduro de expulsar de Caracas a la embajadora de la UE, en respuesta a las sanciones impuestas a once altos cargos venezolanos por violaciones de los derechos humanos y plantean que la Unión y los Estados miembros recurran a la reciprocidad si vuelve a suceder.
España, obligada a cumplir
El Parlamento Europeo recuerda a los Estados miembros que deben cumplir la Decisión 2017/2074 del Consejo y, en particular, “impedir la entrada en sus territorios respectivos o el tránsito por ellos a las personas a las que se aplican las medidas restrictivas”, y notificarlo al Consejo en caso de excepciones.
Un recordatorio especialmente dedicado a Pedro Sánchez y a su ministro José Luis Ábalos, quienes protagonizaron el polémico ‘Delcygate’.
