Son insaciables los separatistas.
Y saben que tienen al socialista Pedro Sánchez agarrado por las ‘pelotas‘. Y como lo saben, aprietan.
La política española es como asistir a una cutre partida de ajedrez con las piezas cambiando de bando cada cinco minutos y todos haciendo trampas de forma burda. En el tablero actual, la financiación autonómica vuelve a ser el peón de oro que mueve las alianzas y tensa los nervios en La Moncloa.
Como telón de fondo queda esa sensación tan española: cada vez que hay pacto fiscal catalán hay también amenaza separatista —y viceversa—. Lo único nuevo es quién tiene esta vez la sartén por el mango.
La exigencia separatista de incorporar una “cláusula de referéndum” en el nuevo modelo fiscal catalán ha elevado la temperatura política y amenaza con dinamitar los equilibrios parlamentarios tejados por Pedro Sánchez.
La historia reciente del ‘procesismo’ demuestra que, cuando se habla de dinero, nunca se habla solo de dinero. ERC ha planteado abiertamente ligar la reforma financiera a un calendario para celebrar una consulta sobre la independencia de Cataluña. La propuesta, lejos de ser discreta, se ha convertido en el principal caballo de batalla ante el Gobierno central y en una herramienta más para mantener viva la reivindicación soberanista en el debate público.
Mientras tanto, desde Moncloa se intenta apagar el incendio con declaraciones ambiguas y promesas de diálogo. El objetivo: evitar que el pulso fiscal derive en una ruptura con los socios separatistas que sostienen al Ejecutivo en Madrid. Sin embargo, Junts —fieles a su tradición de maximalismo calculado— ha subido la apuesta: si no hay avances hacia un concierto económico similar al vasco o navarro y no se incluye esa ansiada “cláusula”, amenazan con bloquear cualquier reforma en el Congreso.
¿Qué implica la “cláusula de referéndum” y cómo se ha colado en la negociación?
La exigencia consiste en introducir dentro del acuerdo financiero un compromiso explícito para organizar una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Para ERC, esto supondría dar un salto cualitativo respecto a anteriores negociaciones, utilizando la financiación como moneda de cambio para avanzar en su agenda independentista. Junts va incluso más allá: no solo piden esta cláusula sino también un régimen fiscal propio, al estilo del País Vasco, con la cesión total del 100% de los impuestos recaudados y capacidad normativa plena.
La reacción del Gobierno ha sido intentar diluir las demandas en un marco multilateral y federalizable, argumentando que cualquier avance será extensible al resto de comunidades autónomas para evitar privilegios formales. Sin embargo, esta estrategia ha sido tachada por los independentistas como “café para todos”, desvirtuando —según su relato— la singularidad catalana.
La financiación singular y sus efectos colaterales
El acuerdo provisional abre la puerta a que Cataluña gestione todos sus impuestos a través de su propia Agencia Tributaria. Una medida celebrada por ERC como avance histórico pero tildada por Junts y otros sectores como insuficiente o directamente humo político. Lo cierto es que el sistema actual llevaba doce años caducado y cualquier reforma era urgente.
Sin embargo, los detractores advierten que este modelo pone en riesgo la solidaridad interterritorial y podría empobrecer al resto del país si se consolida un cupo catalán similar al vasco o navarro. De hecho:
- Las comunidades del régimen común han anunciado recursos judiciales.
- El debate no ha pasado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- Se teme que surja una competencia fiscal desleal (la llamada “cláusula antiAyuso”).
Todo ello mientras ERC utiliza cada avance como argumento electoral ante sus bases e intenta sacar rédito político vendiendo la negociación como antesala del referéndum.
Tensiones entre socios: ERC, Junts y el juego del bloqueo
En este contexto, ERC y Junts han hecho piña para exigir un principio: sin avances claros hacia sus demandas, no habrá apoyo parlamentario. El secretario general de Junts, Jordi Turull, lo ha dejado claro: “Nosotros no podemos votar eso de ninguna manera” si no se recoge el principio de ordinalidad —que garantice que Cataluña nunca reciba menos recursos que otras regiones similares— y si no se avanza hacia un concierto económico propio.
Por su parte, Carles Puigdemont ha criticado que la propuesta gubernamental diluye las aspiraciones catalanas al ofrecer a todas las comunidades lo mismo bajo otro nombre. El ambiente se ha tensado aún más tras conocerse que los cambios legales necesarios para implementar cualquier modelo —como reformar la LOFCA o modificar leyes tributarias— dependen directamente del voto favorable de estos partidos.
Moncloa intenta capear el temporal mientras las comunidades gobernadas por el PP anuncian recursos judiciales contra lo que consideran un trato privilegiado para Cataluña. La ministra María Jesús Montero, curiosamente ausente en las reuniones clave, delega portavocía mientras viaja por Asia. La política es así: cuando hay lío fiscal, mejor estar lejos.
¿Chantaje o estrategia legítima?
No es la primera vez que el independentismo catalán utiliza cuestiones fiscales como instrumento político. El llamado procesismo lleva años combinando demandas económicas con exigencias políticas bajo la premisa del agravio histórico. Esta vez, sin embargo, el contexto parlamentario otorga a sus votos un poder inédito sobre las decisiones clave del Estado.
Algunos analistas ven en esta táctica un chantaje político clásico: aprovechar la debilidad gubernamental para arrancar concesiones impensables hace solo unos años. Otros consideran legítimo que las formaciones catalanas condicionen su apoyo a medidas concretas para mejorar lo que consideran una injusticia financiera.
