A estas horas, al ministro Torres no debe llegarle la camisa al cuello.
Está literalmente acojonado.
Y no es para menos.
El esperado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, está a punto de hacerse público y va a sacudir hasta sus cimientos el Gobierno Sánchez.
Según han trascendido las informaciones en las últimas horas, el documento incluye pruebas contundentes que colocan al ministro en el centro de la llamada trama de las mascarillas, una red que se extiende a otros ministerios y figuras relevantes del Ejecutivo.
Las revelaciones han encendido todas las alarmas en La Moncloa. Diversos altos funcionarios admiten en privado que la posible imputación de Torres sería “un torpedo en la línea de flotación” para Sánchez, justo cuando el Gobierno intenta sobrellevar el desgaste provocado por otros escándalos recientes.
Y no es para menos: la pesquisa no solo examina la gestión sanitaria durante la pandemia, sino que también expone un sistema de pagos paralelos, favoritismos hacia empresas y el uso de canales informales para desviar fondos públicos.
Torres dice que no hay nada, pero la UCO tiene pruebas
La UCO ha reconstruido, a partir de dispositivos intervenidos y mensajes de WhatsApp, una red de comunicaciones directas entre Torres y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. El análisis de estos intercambios revela una “connivencia operativa y sostenida”, tal como describen los investigadores, que facilitaba acelerar pagos millonarios a empresas adjudicatarias sin seguir los cauces oficiales.
Un extracto de los mensajes pone en evidencia la cercanía e inmediatez:
- 1 de julio de 2020: Torres a Koldo — “Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo”.
- 30 de julio: “Asunto resuelto. Se ha dado orden de pago y el consejero ya está”.
- Agosto: Koldo se queja del retraso y Torres responde al instante: “Estoy con el consejero de Sanidad. Está resuelto”.
Los investigadores señalan que esta dinámica no sólo era irregular, sino que convertía a la Presidencia autonómica en una “oficina de pagos paralela” al servicio de los intereses del Ministerio de Transportes. La documentación enviada incluía órdenes de pago, comunicaciones internas y detalles reservados. Todo ello, según la UCO, vulneraba los principios fundamentales de confidencialidad y legalidad administrativa.
Entre los hallazgos más impactantes se encuentra una comisión solicitada por Koldo García por valor de 50.000 euros para “acelerar los pagos”. Aunque finalmente no se realizó dicho pago, los agentes consideran probado que existió una solicitud expresa, revelada por el empresario Víctor de Aldama, aunque Torres siempre ha rechazado estas acusaciones con firmeza.
Mascarillas con contratos millonarios, material defectuoso y alertas ignoradas
El corazón del escándalo radica en la adjudicación por parte del Gobierno canario de 12,2 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas FFP2 y EPI KN95. De las 4,7 millones entregadas, cerca de 840.000 resultaron ser falsificaciones y el precio pagado superaba ampliamente lo habitual en el mercado. A pesar del aviso emitido por la Audiencia de Cuentas canaria sobre la dudosa legalidad del contrato y la falta de solvencia del proveedor elegido, Torres y su equipo priorizaron realizar el pago y cerrar el expediente.
Correos electrónicos internos y mensajes telefónicos indican que Torres intercedió directamente para solucionar problemas relacionados con certificaciones y autorizaciones, manteniendo un “hilo directo” con los implicados en esta trama empresarial. En su comparecencia ante el Senado, admitió haber participado en transferencias millonarias a dicha empresa tras gestiones realizadas por Koldo; sin embargo, siempre ha defendido la legalidad de sus acciones.
De Delcy Rodríguez al caso mascarillas: antecedentes peligrosos
El nombre Ángel Víctor Torres no es nuevo para los investigadores. Su interés desmedido por coordinar una cita con la vicedictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez, para establecer una refinería en Canarias, había llamado previamente la atención de la UCO. Esta relación estuvo marcada por negociaciones poco claras y encuentros fuera del cronograma habitual; se considera un antecedente clave sobre los métodos empleados hoy en día dentro del caso mascarillas.
Las relaciones comerciales con la numero 2 de la tiranía venezolana, su habilidad para crear vías informales comunicativas y su capacidad para evadir controles administrativos han sido constantes durante su trayectoria política desde su etapa como alcalde hasta su ascenso a niveles nacionales.
El efecto dominó: Francina Armengol y las ramificaciones del caso
El impacto político derivado del informe presentado por la UCO no se limita a Torres. En perspectiva aparece también el nombre Francina Armengol, ex presidenta autonómica de Baleares y actual ministra, quien ya es señalada por la Guardia Civil como otra figura bajo investigación. La trama corrupta habría extendido sus tentáculos hacia otros ministerios dentro del gabinete Sánchez; así tejiendo una red repleta de favores indebidos, adjudicaciones irregulares y pagos oscuros durante los momentos más críticos vividos durante la pandemia.
En este marco, La Moncloa se prepara ante lo que podría ser una oleada inminente de imputaciones y dimisiones que pondrían en entredicho la estabilidad del Ejecutivo. El antecedente reciente con José Luis Ábalos —que fue desterrado tras revelarse sobres llenos con logotipos del PSOE— junto con la pronta entrega del informe sobre Torres han elevado las especulaciones acerca del futuro inmediato otros ministros involucrados en contratos relacionados con emergencias.
Torres responde: calma tensa ante un desafío político
A pesar del peso abrumador que tienen las evidencias acumuladas contra él, Ángel Víctor Torres sostiene un discurso sereno. El ministro afirma que lo expuesto por la UCO aclarará su inocencia e insiste en denunciar lo que califica como una campaña mediática destinada a socavar al Gobierno. “Estoy absolutamente tranquilo. Estoy convencido que ese informe dejará claro que no hay nada ilícito en mi actuación”, ha repetido recientemente durante sus intervenciones públicas.
Sin embargo, las contradicciones entre sus declaraciones públicas y los mensajes obtenidos por la UCO han debilitado notablemente su posición. Las pruebas tangibles junto al testimonio proporcionado por empresarios involucrados configuran un panorama complicado para su defensa ante el Tribunal Supremo; donde previsiblemente tendrá lugar este caso dada su condición como aforado.
Curiosidades e implicaciones insospechadas
- La empresa Soluciones de Gestión pasó prácticamente desapercibida antes del estallido pandémico; sin embargo logró alcanzar facturaciones cercanas a 53 millones tras obtener contratos millonarios con varias administraciones públicas.
- La historia detrás del encuentro con Delcy Rodríguez sigue siendo objeto misterioso; alimentando teorías sobre intereses energéticos en Canarias junto a contactos internacionales carentes total control parlamentario.
- Los mensajes intercambiados por WhatsApp donde Torres expresa que “dormiría mejor” tras ordenar ciertos pagos han derivado en material humorístico dentro del Congreso; donde no son pocos quienes bromean diciendo que el insomnio es un gran detector contra corrupción institucional.
En Madrid reina una expectación palpable. El informe elaborado por la UCO está listo para cambiar radicalmente el rumbo legislativo actual; quién sabe si también acabará con esa siesta política prolongada entre algunos ministros.
