Lo del PSOE es para hacérselo mirar.
María Chivite, que gobierna en Navarra gracias a los apoyos de Geroa Bai, Podemos y, externamente, de EH Bildu, lleva tiempo dando la turra en Madrid para que se cumpla uno de los acuerdos de investidura.
Y es que los socios separatistas habían puesto como fecha límite el 1 de diciembre de 2021 para que empezaran a desfilar de la Comunidad Foral los agentes de Tráfico la Guardia Civil.
El objetivo era que los miembros de la policía autonómica navarra se hicieran cargo de competencias como el tráfico, hasta ahora en manos de la Benemérita.
Sin embargo, tal y como detalla Okdiario este 28 de noviembre de 2021, la jugada le ha salido mal a un PSOE que, amén de tener que paralizar esa expulsión de miembros del Instituto Armado, encima tiene que engañar a sus socios separatistas.
Ahora, a los 173 agentes de la Guardia Civil que tendrán que seguir unos meses más en Navarra, se les van a unir otros 145.
¿El motivo?
Muy sencillo, los ‘avispados’ del Gobierno navarro se han percatado de algo tan sencillo como no disponer de los recursos de personal suficiente en el cuerpo de seguridad autonómico para cubrir las vacantes que deja la Guardia Civil.
Así las cosas, al Gobierno de Navarra no le ha quedado de otra que posponer la salida precipitada de los 173 miembros de la Guardia Civil de su Agrupación de Tráfico.
El vicepresidente navarro, Javier Remírez, tuvo que dar la cara hace pocas fechas para anunciar que la transferencia de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial prevista para el 1 de diciembre de 2021 quedaba aplazada sin fecha por «cuestiones técnicas».
Y de postre, para ‘alborozo’ de los socios que sostienen a Chivite, otro 145 agentes llegaban por la puerta de atrás a la Comunidad Foral destinados a labores de seguridad ciudadana durante los próximos dos años.
Aparte de no contar con los efectivos necesarios para reemplazar a los agentes de Tráfico, hay otros motivos que han llevado a dejar en suspenso esa expulsión.
El Gobierno de María Chivite ha encontrado la negativa de sus socios separatistas para que los guardias civiles que así lo deseasen pasaran a formar parte de la Policía Foral, algo que, por otra parte está recogido en la Ley Foral de Policías de Navarra, una legislación elaborada por la propia comunidad autónoma.