La magistrada observa con preocupación la intromisión de Interior en la cúpula de la Benemérita

La SER y eldiario.es comprometen a Marlaska: la juez del 8-M advirtió que ‘filtrar’ el informe de la Guardia Civil es delito

El ministro del Interior podrá tener que hacer frente a responsabilidades penales tras tener acceso a la investigación los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez

La SER y eldiario.es comprometen a Marlaska: la juez del 8-M advirtió que 'filtrar' el informe de la Guardia Civil es delito
Fernando Grande-Marlaska PD

A Fernando Grande-Marlaska se le acumulan los problemas.

Las investigaciones por la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez por autorizar la celebración del 8-M, a sabiendas del impacto que tendría para la salud pública, tienen de cabeza al ministro del Interior.

Tras los primeros resultados de un informe de la Guardia Civil que apuntan en contra del Gobierno, Grande-Marlaska hizo ‘rodar cabezas’ dentro de la Benemérita.

Primero fulminó al coronel Diego Pérez de los Cobos por un “cúmulo de motivos”, como adelantó Periodista Digital, seguido de la dimisión del ‘número dos’, Laurentino Ceña.

La situación despertó la desconfianza de la magistrada que investiga el 8-M.

La juez Carmen Rodríguez-Medel remitió un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas.

En este sentido, advirtió a Marlaska y al resto de sus ‘camaradas’ que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

El escrito fue remitido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justo el día en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska cesó «por pérdida de confianza» al coronel Pérez de los Cobos

Una filtración prevista

A pesar de que la juez Carmen Rodríguez Medel intentó evitar la filtración, los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez tuvieron acceso al informe íntegro de la Guardia Civil.

La SER y elDiario.es aprovecharon el acceso al material para intentar desprestigiar tanto a la investigación, así como a los profesionales de la Benemérita que lo elaboraron. Una forma de reponer la imagen del Gobierno ante la opinión pública.

Todo apunta a que la filtración salió del despacho del propio Grande-Marlaska, ya que es el único que puede tener acceso al informe.

El Diario.es, en una pieza firmada por Irene Castro y José Precedo, desglosa el atestado, elaborado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil y que llevará al banquillo a José Manuel Franco, secretario general del PSOE madrileño.

Esta información dice, en auxilio de Marlaska, Simón, Illa y el propio Franco, que tiene errores de bulto.

Lo que no puede afirmar eldiario.es es que ese informe que le ha llegado no haya pasado por la ‘cocina’ de Interior y que no fuera el original que manejaba Pérez de los Cobos.

Miedo socialista

A pesar de las filtraciones desde Interior, la jueza mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia.

Precisamente por esto ha citado a declarar como imputado el 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M.

Es importante destacar que la magistrada recordó a Rafael Pérez que desde el primer día de la investigación «dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».

La juez también «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».

En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.

En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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