Tienen la piel muy fina estos rojos de pacotilla.
Ha bastado que unos cuantos ciudadanos, indignados por la ineptitud del Gobierno Sánchez y hartos de las bravatas de su vicepresidente podemita, se hayan ido un par de tardes a pasear con banderas españolas y cacerolas frente al casoplón que Pablo Iglesias e Irene Montero poseen en la Sierra madrileña, para que al líder de Podemos le haya entrado la cagalera.
Y como en el Ejecutivo socialcomunista es una verdadera obsesión el ‘bienestar‘ de Iglesias, casi de inmediato acudió al rescate Fernando Grande-Marlaska.
Primero, despachando una veintena de agentes de la Guardia Civil al lugar. Después, cortando la calle. Y ahora, dando orden a la Benemérita de prohibir a los residentes en la zona poner banderas en las «calles aledañas» a la mansión.
Como suena, aunque suene ilegal y desquiciado, porque a nadie con dos dedos de frente y una pizca de dignidad se le puede pasar por la cabeza que se intente convertir en norma, desde el Gobierno de España, que exhibir o plantar una bandera española, en tu casa, tu jardín, tu ventana o cuando paseas por la calle, pueda ser ilegal en España.
La orden a la Guardia Civil, con fecha 13 de marzo de 2020, prohíbe a los vecinos de los ‘Marqueses de Galapagar‘ poner banderas en las «calles circundantes o aledañas» al chalé del vicepresidente del Gobierno.
La instrucción se incluye dentro de las medidas para proteger la seguridad en torno a la propiedad de Iglesias y de su pareja, la ministra Irene Montero, en Galapagar.
Para intentar entender completa tamaña insensatez, es recomendable echar un poco la vista atrás y recordar frases como esta:
“Los españoles están hasta el gorro de algunos de sus representantes. No es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar sólo los que gobiernan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Y eso es lo que han conseguido los escraches, democratizar los debates políticos”.
Es parte del soporifero discurso que soltó Iglesias en junio de 2013, en su programa Fort Apache, cuando aseguró rotundo que los acosos y escraches que estaban sufriendo a diario políticos como Rosa Díez, Cristina Cifuentes o Soraya Sáenz de Santamaría eran “jarabe democrático”.
Entonces, él no era todavía casta ni vivía en un chalet de millón y medio de euros, con todo pagado por el contribuyente, y decía: «¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?»
Era un profesor ‘salidillo‘, más presumido que un quinto mal hecho, que sublimaba sus frustraciones revolucionarias haciendo apología del cóctel ‘molotov‘ y del pateo al policía caído.
De aquella, los policías eran ‘matones al servicio de los ricos’. Ahora son los que blindan su calle para protegerle.
En el aire queda la pregunta de hacia a su embobaba audiencia en cuanto le acercaban un micrófono:
«¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?».
Ahora es vicepresidente del Gobierno y es él el que sufre lo que tanto aplaudió.
Iglesias, como su esposa ministra y el resto de progres que hoy dirigen Unidas Podemos apoyaron, organizaron y alentaron profusamente los escraches, pero ahora, cuando les toca a ellos, da la impresión de que no les parece tan atractivos.
“Yo creo que esto es malo y que hay que evitarlo”, le decía Iglesias esta semana a Antonio García Ferreras en La Sexta, después de las caceroladas en Galapagar, de que al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también le dieran la murga y que se barruntara que los de las cacerolas iban a plantarse incluso ante la propia sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.
Se entiende que al vicepresidente, su mujer Irene, Abalos, Sánchez y el resto de los que disfrutan del poder, les moleste que cada día más españoles se manifiesten ruidosamente contra la nefasta gestión del Gobierno PSOE-Podemos.
Lo que no es de recibo, ni tiene pase legal en una democracia -y España lo sigue siendo a pesar del Gobierno– es la pretensión de prohibir la bandera española, propiciada por Marlaska.
Para vergüenza del ministro del Interior, que tiene sólida formación y fue un juez eminente, encima intentan revestir de razones jurídicas la medida.
En el documento enviado a la Guardia Civil, se hace referencia a «evitar actos de intrusión en la propiedad, sea física, de vistas, de lanzamiento de objetos, o cualquier otro acto que incida sobre el interior del vallado/muro«.
Hasta ahí, nada que objetar. El problema es que, con la tranquilidad de Iglesias y Montero en mente, se añaden una serie de instrucciones para «proteger a las autoridades y demás residentes en el domicilio«.
Una de ellas es evitar todo tipo de simbología, banderas, pancartas y elementos similares en el entorno del domicilio.
Literalmente, el documento reza: «Evitar daños a la finca, incluido pintadas, o la colocación de cualquier otro elemento en el vallado/muro exterior, calles circundantes o aledañas (pancartas, cartelería, banderas o cualquier otro elemento físico que contenga simbología, reivindicaciones, reclamaciones, etc.)».
La orden, de dos páginas, forma parte de un documento del Mando de Operaciones de la Benemérita.
Está firmado por Diego Pérez de los Cobos, coronel jefe de la Comandancia de Madrid y en su día coordinador del dispositivo para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017, en Cataluña.
Desde el gabinete de comunicación de la comandancia matizan que que el texto está hecho pensando en la realización de pintadas o la colocación de pancartas en el propio domicilio del vicepresidente o en la vía pública, «pero en ningún caso en viviendas o propiedades privadas».
Veremos. Ni queremos imaginar cómo reaccionaran los siempre patriotas guardias civiles si, cuando lleguen a reclamar, el abanderado les dice educadamente que quiten ellos la enseña nacional.
Yo, aunque viniera en pleno la Brunete Pedrete y me amenazaran con el fuego del infierno, no la quitaría.Ni de mi casa, ni de la moto, ni del coche, ni de la fachada de Periodista Digital.
