Que a estas alturas de la trama no estén juzgados y condenados Jordi Pujol i Soley, su clan familiar y los políticos independentistas que se guarecían bajo el paraguas de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña), primero dentro de la coalición CiU (Convergencia y Unión), luego del PdeCat (Partido demócrata europeo Catalán) y más tarde del conglomerado JpCat (Juntos por Cataluña), es otro baldón de la justicia española, por más que admirables jueces luchen denodadamente contra las presiones que sufren para dilatar juicios contra los urdidores de esa corrupción sistémica de los independentistas catalanes que corteja y ampara Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Si el nacionalismo, esa doctrina vitriólica que ha llenado la historia de guerras, sangre y cadáveres, es de por sí deleznable, se acrecienta cuando es también un falso ropaje para robar por la causa (“fer país”), chantajear impunemente y presumir de superioridad moral. Desde que Pascual Maragall Mira pronunció en el parlamento catalán su célebre frase: “Ustedes tienen un problema y se llama 3 por ciento” (2005), han pasado 17 años. Se dice pronto. Y en este tiempo, la red de comisionistas e influencia política que desplegó CiU con múltiples y también corruptos empresarios (cooperadores necesarios) a los que beneficiaba con licitaciones públicas a cambio de dinero para financiar la coalición, la secesión y el lucro personal de diversos dirigentes políticos, sigue gozando de libertad, amparo político y alabanza mediática.
En 2020, ¡quince años más tarde!, finalizó la investigación judicial (repleta de zancadillas, trabas, ocultaciones,…) y solo ahora, ¡finales de 2022!, la Fiscalía Anticorrupción acusa a una treintena de empresarios y contables (de 17 compañías), gerentes y tesoreros de CDC (el partido mandamás de Jordi Pujol en la ficticia coalición con Unió Democrática de Cataluña), para los que pide 21 años de cárcel por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, fraude, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Es decir. “el catálogo completo de los delitos propios de una corrupción global que proliferó en Cataluña entre los años 2000 y 2015” –como ha editorializado ABC-. El caso del 3 por ciento no era sino una extensión perfeccionada e institucionalizada de la corrupción protagonizada por el “clan Pujol”, el más escandaloso caso de enriquecimiento ilícito conocido en Cataluña”, sobre el que aún ni hay juicio ni condena. Jordi Pujol (su padre, Florencio Pujol Brugat, ya figuró en la primera lista de evasores fiscales que se hizo en España –página 3.289 del BOE del 9 de marzo de 1959-) y algunos más se irán a la tumba sin recibir su justo, público y merecido castigo penal por la podredumbre del sistema político que implantaron.
Viendo lo que va a hacer Sánchez con el delito de sedición, lo que ERC quiere con el de malversación (“quirúrgica -Rufián-) ligado a la sedición y algunos del PSOE al no enriquecimiento propio sino para alimentar una red clientelar al servicio del partido (hay que distinguir “al corrupto que se lo lleva a su bolsillo del corrupto que no”), no es de extrañar que también pretendan anular en el Código Penal, cuando están afectados “sus” cargos políticos, la organización criminal, el blanqueo de capitales, el fraude, el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias, y seguir debilitando el Estado y la unidad de España a cambio de que el malversador de nuestra democracia y peligroso jugador de otra valcanización (Yugoslavia) siga durmiendo en la Moncloa y moviéndose en Falcón.
El PNV, siempre más práctico, constante y taimado que sus paisanos catalanes, ya ha pedido una justicia exclusiva para el País Vasco. Ahora que Sánchez les ha concedido la gestión de las prisiones de esa región no quiere que la Audiencia Nacional tumbe periódicamente el tercer grado (hay 21 recursos de la Fiscalía) que con tanta alegría dispensa a los asesinos etarras sin cumplimiento completo de la pena ni arrepentimiento de sus cobardes crímenes. La fiesta de tan valientes gudaris que con tanto heroísmo han luchado contra la opresora España se la estropea la Justicia, que defiende a capa y espada a Montesquieu y se resiste a ser troceada o a formar parte del poder Ejecutivo.
