“La hipótesis Aguirre”, de Gabriel Albiac, e “Indignidad y derrota”, de Francisco José Soler Gil
( Viñeta de Sansón en El Norte de Castilla el pasado día 24 de mayo) (*)
LA HIPÓTESIS AGUIRRE
Artículo de Gabriel Albiac publicado en ABC el pasado día 29 de mayo
«Lo igual se dice de lo distinto»: cosas del viejo Platón. Los distintos pactan, sobre los fundamentos en los cuales son iguales. Un acuerdo, el que sea y en cualquier ámbito de la vida, exige la definición previa de un criterio. Para fijar fronteras. El criterio es la regla común, a partir de la cual se despliega una diversidad regulable.
La propuesta de Esperanza Aguirre, anteayer, al PSOE y a Ciudadanos se reduce a eso: definir lo común y poner frontera a lo ajeno. Es algo tan elemental que debería sorprendernos la sorpresa –o aun el malhumor– que levanta. En cualquier país europeo «normal», ni siquiera hubiera sido preciso verbalizarlo. Como no se verbaliza, en Francia, lo que hay que hacer cuando pasa a la segunda vuelta un populista: los socialistas votan al candidato conservador, como los conservadores votan al socialista; todos contra el populismo. Como iba de sí que, en circunstancias críticas, Alemania formara gobierno de amplia coalición. Se hace. Automáticamente. Porque lo que está en juego es demasiado grave para entretenerse en minucias o, peor, en intereses particulares.
Hay un «común» entre la casi totalidad de los partidos con representación en el Ayuntamiento madrileño. Y algo «distinto» en uno de ellos. PP, como PSOE, como C’s definen tesis de trabajo diferentes –y aun contrapuestas– sobre una misma hipótesis de base: el respeto a leyes y Constitución. Los populistas se sitúan al margen de ellas y se dicen dispuestos a violarlas. Eso define los campos. Inequívocamente. La experiencia de entreguerras en Europa, y toda la historia del siglo XX en América Latina nos ha enseñado que con los populismos no se juega. Y que el que juega pierde. Pagamos todos. En pérdida de libertad. También en ruina económica.
La inercia de las mayorías sólidas a lo largo de treinta y siete años ha hecho perder a los partidos españoles esa perspectiva: la del primado del criterio como única garantía de continuidad democrática. El criterio, en toda Europa, se llama aceptación de las reglas de juego: Constitución y leyes nacionales. De un lado están aquellos que las defienden, por encima de sus divergencias y las graves confrontaciones que entre ellos puedan darse. Del otro lado, quienes parten de la insumisión a ellas. En el momento en que estos últimos alcancen electoralmente –o mediante extraños pactos– la mayoría absoluta, el cambio de régimen será inevitable. A la espera de eso, para todos cuantos se dicen constitucionalistas queda abierto un solo criterio racional: impedir cualquier acceso al poder de ese factor de quiebra colectiva del sistema que es el populismo.
Que PSOE y PP se detesten está en la normalidad de las cosas. Ambos son constitucionalistas, sin embargo. Corruptos, ineptos, odiosos… pero constitucionalistas: mal menor. Constitucionalistas son los aún inéditos Ciudadanos. Enfrente tienen al autoproclamado populismo. Lo que es igual: un preámbulo de los fascismos clásicos. PP, PSOE, C’s deberán definir, de modo serio, su criterio. Y sólo hay dos: 1) el que fija el viejo eje metafórico «derecha/izquierda»; 2) el que marca la barrera del constitucionalismo.
1) Exigiría el pacto estratégico PSOE-Podemos; del cual derivaría la rápida absorción del primero en el segundo; en menos de diez meses, España estaría intervenida por la UE, y Grecia sería nuestro único horizonte.
2) Es la hipótesis Aguirre: un bloque constitucional que dure lo necesario para salir del atolladero.
Este es el juego. Estas son las responsabilidades.
Artículo en: http://www.abc.es/lasfirmasdeabc/20150529/abci-hipotesis-aguirre-201505282148.html
INDIGNIDAD Y DERROTA
Artículo de Francisco José Soler Gil, Doctor en filosofía de la física por la Universidad de Bremen, publicado en Infocatólica el pasado día 26 de mayo
Nunca, en la historia de la democracia española, había comenzado un gobierno con tanto respaldo en el parlamento, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos como lo tuvo el gobierno de Mariano Rajoy al iniciar su andadura tras las elecciones de noviembre de 2011.
Ciertamente, ese respaldo era necesario, puesto que el nuevo ejecutivo se hallaba ante una tarea ingente: la de recuperar el equilibrio y la sensatez en todos los asuntos desequilibrados insensatamente por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Entre ellos se encontraba, sin duda, como uno de los asuntos prioritarios, la economía. Pero no era la economía lo único sacado de quicio por las ocurrencias y los delirios de ingeniería social del anterior presidente. En el legado de éste se encontraba también una ley que convierte en derecho la muerte de seres humanos en sus primeras semanas de vida. Una ley que, con toda razón, había sido recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (… por cierto, ¿existe el Tribunal Constitucional?…) En el legado de Zapatero se encontraba también una ley que priva a los niños de su derecho a tener un padre y una madre. Y también esta había sido recurrida, con toda razón, por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (… por cierto, ¿existe el Tribunal Constitucional?…). Y otra ley que decide por vía parlamentaria quiénes fueron los buenos y los malos en nuestra contienda civil. Y obliga a todos a aceptar ese decreto de damnatio memoriae, sin el menor respeto a la libertad de pensamiento de cada uno.
El ejecutivo de Mariano Rajoy tenía ante sí, qué duda cabe, una importante y difícil misión: Por una parte, estabilizar y reconducir la economía, y por otra parte recuperar los derechos y libertades perdidas como consecuencia del talante despótico del anterior presidente de gobierno. Ésta era su doble misión, y este era también el compromiso que los populares habían adquirido con sus votantes al recurrir las leyes zapateristas más inicuas ante el (¿inexistente?) Tribunal Constitucional.
Sin embargo, dar marcha atrás en el experimento de ingeniería social de Rodríguez Zapatero conllevaba un riesgo. Pues ello significaba oponerse a la máxima, aceptada en nuestro país como un dogma de fe, de que es la izquierda la que dictamina el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo políticamente correcto y lo incorrecto. Significaba, por tanto, hacer frente a la izquierda en una batalla cultural, una batalla de argumentos sobre los derechos de los más débiles: el derecho a la vida, los derechos de los niños. Y también sobre el derecho de todos a la libertad de pensamiento.
Esa batalla se podía ganar, o se podía perder, y con ella el gobierno. Pero había también una tercera posibilidad: La de olvidarse de todo esto, y no arriesgar el poder por cuestiones de tan poca monta. A fin de cuentas, lo importante es la economía, y no unas abstrusas e intrincadas cuestiones morales y teóricas, que no interesan ni a veinticinco. Esta tercera alternativa tenía un nombre: indignidad.
De manera que el gobierno más respaldado en la historia de la democracia española, debía decidirse. Sus miembros y su presidente, Mariano Rajoy, debían decidir qué harían con la confortable mayoría en las dos cámaras del parlamento, en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos de las ciudades más importantes. Hacia qué la encaminarían.
Y las alternativas eran, en el fondo, estas dos: Tenían que escoger entre la indignidad y una batalla cultural con posibilidad de derrota. Escogieron la indignidad, y con ellos queda. Y ahora van a tener también la derrota.
Artículo en: http://infocatolica.com/?t=opinion&cod=24054
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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
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