“Violencia desde las instituciones de Cataluña”, de Araceli Mangas Martín, “El espejo roto de la política catalana”, de Iñaki Pardo Torregrosa, y “¿Adónde nos quieren llevar?”, de Enric Hernàndez
( Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 27 de octubre) (*)
VIOLENCIA DESDE LAS INSTITUCIONES DE CATALUÑA
Artículo de Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público de la UCM, publicado en El Mundo el pasado día 25 de octubre
Las instituciones políticas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal declaración unilateral de independencia hace un año. La agenda independentista fracasó sólo en su propósito de acceso efectivo a la estatalidad. Ahora se ha recrudecido el debate sobre la calificación del delito realmente cometido. No podré argumentar mejor que algunos juristas y profesionales de la judicatura o de la Fiscalía que ya se han pronunciado en un sentido o en otro. No obstante, desde la perspectiva de una jurista de Derecho internacional, me parece que algunos se han enzarzado demasiado en hechos acaecidos en las calles y locales electorales en torno al ilegal referéndum de independencia. También la Justicia alemana se limitó a examinar lo sucedido ese día y algunos antes en el asalto a la Consejería de Hacienda en el auto que denegó la entrega a España de Puigdemont por los delitos más graves y la limitó a la malversación.
Hizo bien el Supremo en no plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial en interpretación sobre el alcance de la doble incriminación y la infundada decisión judicial alemana. Y ya habrá momentos para pasar factura a las arbitrariedades belgas y alemanas. Tampoco la cuestión está en proponer reformar la euroorden ni el sistema Schengen, como reclama hoy el desnortado PP, entonces en el Gobierno y responsable de la pasividad en Cataluña.
Hubo hechos antijurídicos infinitamente más graves que los desórdenes. Proclamar la independencia fue deliberadamente programada y ejecutada desde las instituciones catalanas conforme a un plan de ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático. Decidir desde el Govern y el Parlament que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado y constituye un nuevo Estado es la más grave violación de la soberanía nacional y de la Constitución.
No fueron particulares los que votaron o proclamaron la independencia. No era ejercicio de la libertad de pensamiento ni de expresión de ideas de personas y grupos ajenos a las instituciones representativas de la región catalana. Se aprobaron declaraciones para la ruptura constitucional con la imposición de una nueva legalidad de base autoritaria y un caudillaje, al que se someterían los nuevos poderes independizados y toda la ciudadanía en Cataluña. Las acciones violentas, por caracterizadas y graves de algunas personas y agrupaciones independentistas financiadas con fondos públicos, complementaban el proceso pero eran el núcleo de su propósito.
Lo grave fue la violencia institucional desplegada y ejercida en un tracto sucesivo desde las dos instituciones centrales del sistema autonómico, el Parlamento catalán y su Gobierno. Los actos jurídicos sucesivos tienen su inicio inmediato en la Declaración del 9 de septiembre de 2015 que proclamó ya entonces la desobediencia general al sistema constitucional y su calendario con la aprobación de las dos leyes (de 6 y 7 de septiembre de 2017) que desembocaron en dos declaraciones de independencia de 10 y 27 de octubre de 2017.
La sucesión de actuaciones jurídico-políticas ejecutadas por los responsables del Parlamento y Gobierno catalanes y su propósito finalista son el núcleo del grave delito cometido. No se sirvieron de la fuerza armada sino de la coacción jurídica desde las instituciones para forzar la separación territorial y situarla al margen de la Constitución con una nueva legalidad fundada en las leyes de septiembre de 2017. La clave de su fracaso es que no hubo reconocimientos desde el exterior.
El hecho más grave que puede suceder en una sociedad nacional es decidir romper su integridad y declarar la independencia de una parte del territorio. Es la mayor perturbación interna con efecto internacional. ¿Cómo no va a ser delito alzarse contra todo el ordenamiento jurídico-constitucional de un país, desautorizar a todas las instituciones del Estado y apoderarse del territorio que pretenden desgajar? ¿Cómo hemos olvidado que hubo nada menos que dos declaraciones de independencia, precedidas de dos leyes aprobadas y en vigor, entonces, que desgajaban el territorio nacional? ¿Cómo puede un Estado estar tan indefenso frente a actos tan graves de coacción jurídica lanzados por instituciones político-legislativas regionales?
Actos jurídicos concatenados -no meras manifestaciones de ciudadanos particulares más o menos violentas- como los aprobados por las instituciones político-legislativas catalanas es coacción jurídica contra todos los catalanes, contra el Estado y la sociedad española. Hubo coacción institucional contra el conjunto de la soberanía nacional, su integridad territorial y el orden democrático y constitucional. El Tribunal Supremo decidirá si esa violencia institucional ejercida por los responsables de las instituciones es o no componente del delito de rebelión o del de sedición; juzgará el fondo de la violencia, confío, y no unas algaradas, no muy distintas a cientos de manifestaciones violentas que suceden en cualquier parte del mundo.
En España muchos se han preguntado si el Código Penal alemán nunca castigaría esos actos promovidos por un Gobierno regional alemán. La pregunta no es esa, sino si el Gobierno, Senado y oposición alemanes hubieran tolerado la violencia institucional ejercida contra su Constitución. Oposición y Ejecutivo alemanes -del color que fueran- nunca hubieran permitido convocar la sesión de un parlamento regional para aprobar la hoja de ruta del proceso independentista y menos aún ejecutarlo en su totalidad contra el orden constitucional y la integridad territorial de Alemania.
Lo que vivimos hace un año en España, en Alemania no hubiera llegado a ser delito simplemente porque es impensable que se hubiera tolerado. Ni Gobierno ni Parlamento federal (oposición incluida) habrían renunciado a la responsabilidad política de hacer aplicar la Constitución ni se hubieran sentido acomplejados por utilizar la vía política de la «coerción federal» para evitar la acción penal (art. 37 de su Constitución).
En España se permitió al Parlament y al Govern ejecutar su plan de violencia jurídico-política de apropiarse de una parte del territorio para fundar un nuevo Estado. Se les dio toda clase de expectativas, plena confianza de que podían llegar hasta el final, y que a lo sumo se utilizaría la vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. Y no era un contencioso competencial como muchos. Se les dejó hacer, consumar sus delitos con tranquilidad cuando la obligación del Gobierno era prevenir el delito contra la Constitución.
La obligación del Estado (incluida la oposición democrática) era haber impedido por la vía político-constitucional, como es el artículo 155 CE, su propósito de erigir una estatalidad paralela. Si se hubiera encauzado la situación con determinación en la defensa de la Constitución, no habríamos entrado en el bucle de la república virtual ni en el judicial penal. Los jueces han entrado en la escena porque Gobierno del PP y oposición (PSOE, Cs y Podemos) no quisieron impedir el delito contra la integridad territorial y la Constitución. En España se permitió la comisión final del delito por un Gobierno de derechas inepto y cobarde, y una oposición de centroderecha y de izquierdas irresponsables y cortoplacistas que no defienden los valores constitucionales e intereses generales.
Antes de que el Parlamento catalán aprobara la Declaración de 2015, estimé en este periódico (27.10.2015) que era el momento de disolver y retirar el ejercicio de las competencias normativas a las instituciones autonómicas. El ex presidente Felipe González ha afirmado que se debió utilizar el art. 155 con ocasión del primer acto de rebeldía institucional cuando Artur Mas convocó el primer referéndum en 2012. Pero ni el Gobierno de España ni su oposición democrática asumieron sus obligaciones constitucionales con la unidad nacional; sólo la Jefatura del Estado asumió el riesgo de la defensa de la Constitución democrática y de las libertades de todos los españoles, limitándose a recordar al Gobierno y poderes constitucionales sus obligaciones de defensa de la democracia.
De haber reaccionado entonces por la defensa de la convivencia en paz frente a la violencia institucional, nos habríamos ahorrado la grave fractura de la sociedad catalana y el afianzamiento de los partidos independentistas en la falsa realidad de la república proclamada. Ahora por no haberlo resuelto en su único cauce político-constitucional, hemos endosado el enjuiciamiento de toda esa violencia al Tribunal Supremo enredados en el inexorable bucle judicial penal.
Artículo en: https://www.elmundo.es/opinion/2018/10/25/5bd063f546163fde1f8b4597.html
EL ESPEJO ROTO DE LA POLÍTICA CATALANA
Artículo de Iñaki Pardo Torregrosa publicado en La Vanguardia el pasado día 28 de octubre
Un año después del 27-O y el 155. Los partidos se resitúan con divisiones internas y externas con la vista puesta en las próximas elecciones tras la sacudida del 1-O. Mientras Quim Torra se sometía a la primera sesión del debate de investidura en el Parlament de Catalunya en mayo, Carles Puigdemont le señalaba en el diario italiano La Stampa la fecha en la que ya podía convocar elecciones anticipadas: a partir del 27 de octubre de 2018. Justo un año antes Mariano Rajoy convocó los comicios del 21-D tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución, que permitió al Gobierno tomar el control de la Generalitat y cesó al Govern en bloque por el 1-O y la declaración de independencia de la cámara catalana.
El fantasma de la repetición electoral, primero, y el de las elecciones anticipadas, después, han deambulado desde entonces por el escenario catalán con el pretexto del acuerdo de Govern, las cuentas de 2019 o la suspensión de los diputados, si bien los dirigentes lo han descartado una y otra vez; al menos hasta que haya sentencia en la causa especial del procés que el Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses.
Un año después de que entrara en vigor el 155 por primera vez en España y la declaración sin efectos del Parlament, todos los partidos catalanes están más divididos y tensos entre ellos -en algunos casos también internamente-, máxime con la fecha de elecciones municipales y europeas el próximo mes de mayo marcada en rojo en el calendario. Ahora se han hecho evidentes las diferentes estrategias de unos y otros y se han roto alianzas y sintonías artificiales que se dieron en los meses previos al 1-O y a lo largo del procés que en otro contexto jamás se hubieran dado. Las fichas del tablero político se resitúan poco a poco, sin movimientos bruscos.
Las listas conjuntas centran el debate de cara a las próximas elecciones de mayo
El debate en el soberanismo es si acudir a las urnas unidos para ser coherentes con su “mandato republicano” y tener “el control efectivo el territorio” -tal y como pide la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- o si concurren por separado respetando la diversidad ideológica más allá del soberanismo y sus marcas diferenciadas. Además, Otegi ha propuesto para las europeas una lista conjunta de los partidos nacionalistas de España, pues hay circunscripción única. El bloque constitucional no es ajeno a ese debate, sobre todo por la llegada de un actor externo de origen barcelonés a la capital catalana: Manuel Valls. Pero en ambos casos hay más reticencias que simpatías por esa idea.
Los dos socios de Govern, PDeCAT -bajo la marca Junts per Catalunya articulada por Carles Puigdemont para el 21-D- y Esquerra Republicana, han mantenido varios momentos de tensión en el corto transcurso de la legislatura. Todo ha estallado en público a raíz de la suspensión de los diputados procesados por rebelión por el magistrado Pablo Llarena. La línea roja de Junts per Catalunya pasa por Waterloo, como reveló ya su portavoz en el Parlament Albert Batet en julio, su “principal objetivo” es proteger su figura. Las relaciones están maltrechas desde que Roger Torrent decidió no desobedecer y no permitir la investidura a distancia de Puigdemont en enero.
La suspensión de los diputados soberanistas evidenció las diferencias entre ERC y Junts per Catalunya y desató el cisma en los socios de Govern
Hoy el soberanismo cuenta con cuatro escaños menos en el Parlament de los que obtuvo en diciembre porque los posconvergentes resolvieron no aplicar la resolución de la suspensión aprobada por el pleno, antes del debate de política general, a principios de este mes. La habían pactado con ERC tras varias semanas de negociaciones y haber protagonizado choques y desencuentros en público que han provocado la cancelación de plenos en la cámara desde julio al no resolverse la cuestión, dando así munición y artillería a la oposición para quejarse del “cierre del Parlament”. En octubre hubo una réplica de la crisis de julio.
Mientras que los republicanos -después de votar en contra de la suspensión- aplicaron la fórmula propuesta por los letrados de la cámara -y por Llarena en su auto de conclusión de la instrucción-, una sustitución temporal de los diputados por compañeros de bancada, Junts per Catalunya reafirmó su delegación de voto de hace unos meses, dejando sin efecto los votos de Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Oriol Junqueras y Raül Romeva, en cambio, designaron a Sergi Sabrià, tal y como procedía tras ver luz verde en el pleno el informe de la comisión del estatuto del diputado. ERC ha desdeñado el “ruido y la gesticulación que no sirve para nada” y apuesta por la efectividad y esperar unos años para ampliar la base. Los posconvergentes tensan más la cuerda. El próximo encontronazo podría producirse por las cuentas públicas del Estado que pactaron Sánchez y Unidos Podemos, y que requieren el apoyo del soberanismo para salir adelante y prolongar la legislatura en el Congreso hasta 2020.
El soberanismo institucional se distancia de las movilizaciones y las peticiones de la ANC
La CUP, que escudaba a Puigdemont, Junqueras y Forcadell hace un año justo después de la declaración de independencia en el hemiciclo con el puño en alto, ha pasado a la oposición. Ya denunció en marzo que no sería cómplice de las dos familias hegemónicas del soberanismo si se movían en lo que definieron -y predijeron- como “un marco legal autonómico con simbología republicana”, algo que tiñe e impregna de forma constante la política catalana. Con todo, en mayo la formación anticapitalista permitió la investidura de Torra al abstenerse y anunció que sería vigilante de las esencias independentistas. Por ello el socio preferente en la cámara del Govern es Catalunya en Comú Podem, al menos en materia presupuestaria o en las suspensiones.
Pero las diferencias también suceden a nivel interno en los tres partidos y ha habido un distanciamiento entre el independentismo militante y movilizado y el institucional, entre la calle y las élites que deben gobernar en consonancia con la legislación actual. Muestra de ello son las acciones de los comités de defensa de la república (CDR) -un nuevo actor en la política catalana que cumple un año de vida connotado de relevancia por sus protestas y su red local- ante las sedes de los partidos soberanistas este mes o en agosto, o las reclamaciones de dimisión del Govern en los actos conmemorativos del 1-O.
En el caso de ERC se aprecia más este último fenómeno, pues las bases tumbaron su propuesta y le forzaron a incluir la vía unilateral en su ponencia del pasado mes de junio. En todo ese embrollo, Demòcrates, los herederos independentistas de Unió Democràtica de Catalunya también han mantenido diferentes líneas con ERC en algunas cuestiones, aunque formen parte del mismo grupo parlamentario. La formación que lidera Antoni Castellà ha adoptado un perfil más exacerbado en cuanto a independentismo se refiere.
La Crida de Puigdemont ha puesto en guardia al PDeCAT, que advierte de un choque si se constituye como partido
En el PDeCAT fue descabalgada la coordinadora general, Marta Pascal, y hubo fisuras en el congreso de julio. Pero más allá de ello, el partido se enfrenta a una posible OPA de Puigdemont con el movimiento que ha impulsado junto a Torra, Sànchez y otros sectores de su grupo parlamentario: la Crida Nacional per la República , que ayer fue presentada en Manresa. La plataforma intenta ser aglutinador de fuerzas soberanistas para “hacer efectiva la república”, pero ha sido rechazada por los partidos de su espectro. La enmarcan en una nueva refundación de CDC y el centroderecha independentista por mucho que sus impulsores hablen de transversalidad. David Bonvehí, que ocupó la presidencia del PDeCAT tras la caída de Pascal, ha advertido de un posible choque si la plataforma se constituye como partido y aún tiene por delante la difícil misión de resolver el encaje de su formación en la Crida, sobre todo por las presiones que llegan de Bruselas y el centro penitenciario de Lledoners.
La CUP también ha tenido tensiones internas y corrientes minoritarias que discreparon cuando no se invistió a Turull un día antes de su cita ante el juez Llarena en el Supremo, en la que el magistrado instructor decretó para él y otros diputados entonces investigados prisión preventiva de nuevo. En estos últimos días la corriente Poble Lliure ha dado luz verde al Consell de la República, un órgano ad hoc para la situación de las personas que optaron por ir al extranjero en vez de acudir a los tribunales tras el 1-O, mientras que la formación rechazó enviar emisarios al cónclave de Waterloo de esta semana en el que se trató la cuestión y ha rechazado ese órgano al considerar que no será efectivo y que no romperá el marco legal actual.
Las grietas en el soberanismo no son ajenas a las entidades civiles, ANC y Òmnium Cultural. La ANC advirtió este octubre a los partidos independentistas de que si no recuperaban la unidad de acción en el Parlament -incluida la CUP- y si el Govern no revelaba antes del 21-D una hoja de ruta clara para hacer efectiva la república, dejarían de apoyar al ejecutivo catalán y convocarían protestas contra él, como la de este sábado en las cuatro capitales catalanas para que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) la declaración de independencia del año pasado. Òmnium replicó que no debían “marcar hojas de ruta” al Govern, algo que sí hizo la ANC tras la reunión de su secretariado nacional, en la que señalaba la vía unilateral como la única posible para alcanzar la independencia.
El espacio común, de nuevo revuelto por la cuestión nacional y la organización interna
Los comunes, por su parte, han sufrido tensiones por la cuestión catalana a lo largo de todo el procés y han atravesado turbulencias de forma cíclica. Para muestra, un botón: Podem ha tenido entre 2014 y hoy cuatro secretarios generales y dos gestoras. El año pasado Albano Dante Fachin fue defenestrado de la secretaría general tras lo resultados adversos de una consulta interna forzada por la estructura estatal del partido en la que le obligaba a confluir con los comunes de cara al 21-D y rompía sus planes de asociarse con los partidos soberanistas, una decisión que había adoptado después de la represión del 1-O y haber acerado posturas con ERC. Acabó por dimitir. Hoy comunes y republicanos no ocultan la sintonía que sin complejos exhibieron hace unos días en la visita de Pablo Iglesias a Junqueras en Lledoners.
La repentina salida de Xavier Domènech en septiembre ha abierto la caja de Pandora -después de haber llegado a ser secretario general de Podem y a la vez coordinador general de los comunes- y un año después esas mismas tensiones con Dante Fachin se reviven en la galaxia común. Esta vez con el movimiento impulsado por Joan Josep Nuet y Elisenda Alamany – la corriente ‘Sobiranistes’- para “reencauzar el rumbo” y recuperar el programa fundacional del partido, sobre todo en materia soberanistas. No obstante, muchos de sus compañeros de partido lo enmarcan en una maniobra díscola para ganar peso y cuotas en la estructura del partido. Por ello, reconocidos cuadros independentistas han rechazado adherirse a la corriente que la dirección ha tachado de desleal y ha desautorizado en una misiva a su militancia.
La marcha de Xavier Domènech, el arquitecto de los comunes, ha abierto la caja de Pandora
Tras el triunfo de Ada Colau en las elecciones municipales de 2015 y de En Comú Podem en las elecciones generales de 2015 y 2016, en 2017 se fundó el espacio de los comunes, que debía reunir a las fuerzas progresistas del cambio que emanaron del 15-M, con independientes que dieron un paso al frente para entrar a la política institucional, y a los herederos del PSUC, Iniciativa y EUiA. También Barcelona en Comú entraba en esa sopa de letras.
Su ideólogo y arquitecto fue Xavier Domènech, que quería diluir todas la formaciones en el mismo partido y que las estructuras orgánicas de los otros partidos cedieran peso y se disolvieran en la estructura orgánica de Catalunya en Comú. Pero el proyecto que diseñó el historiador sabadellense arrancó cojo tras la negativa de Podem a integrarse tras una consulta sin apenas participación y después de que los partidos no hayan cedido peso a Catalunya en Comú y mantengan sus estructuras orgánicas y haya cuotas en las listas electorales. Queda por ver cómo se resuelve este último capítulo y si los triunfos de 2015 se revalidan en las municipales y en las próximas generales. La nueva política se hace mayor.
La unidad del bloque constitucional se ha desfigurado, sobre todo tras la moción de censura de Sánchez a Rajoy
En el bloque constitucional, la unidad mostrada a la hora de ausentarse del Parlament en votaciones controvertidas del año pasado o al presentar recursos judiciales se ha desfigurado. Basta echar un ojo a cómo fueron las movilizaciones de principios de octubre, cuando Ciudadanos convocó un acto propio a través de su plataforma España Ciudadana y diferenciado del de Societat Civil Catalana que conmemoraba la gran manifestación del 8 de octubre del año pasado; ambos con escasa asistencia. En la votación del informe sobre la suspensión de los diputados, PP y Ciutadans se ausentaron del hemiciclo, mientras que el PSC permaneció en sus escaños sin votar. E Inés Arrimadas y Miquel Iceta ya no muestran tanta sintonía e incluso intercambian reproches.
Mientras el Partido Popular y Ciudadanos mantienen una línea dura y una pugna encarnizada -no sólo en Catalunya, también en el resto de España han crispado y enervado el debate-, los socialistas se esfuerzan por desescalar la tensión -sobre todo después de que prosperase la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes y Podemos-. Quieren buscar la normalidad en el diálogo y las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Populares y naranjas, en cambio, piden un nuevo 155 e intentan torpedear los pequeños gestos de distensión de Sánchez. Con todo, las reuniones entre el Gobierno y la Generalitat son fluidas.
PP y Ciudadanos crispan el debate y pugnan por un mismo electorado, en Catalunya y España
Bajo la supervisión de Miquel Iceta, los socialistas catalanes se han mantenido cohesionados en estos últimos años, en los que han atravesado su particular desierto, muy lejos de los resultados que cosecharon Pasqual Maragall y José Montilla. Con todo, una corriente interna se ha movido también en los últimos días, abogando por un perfil más catalanista. ‘Juliol 1978’ apuesta por interpelar y recuperar a antiguos votantes que comulguen con ese espíritu; pero no se vislumbra ninguna escisión por ello.
En Ciutadans apenas surgen discrepancias internas en Catalunya. Los naranjas centran sus esfuerzos en erosionar a otras formaciones. El PP, por su parte, viene de un congreso para elegir sustituto de Rajoy que ha sacado a relucir grietas y costuras mal cosidas en la formación conservadora, otrora uniforme al menos de cara a la galería. Tras las primarias que ganó Casado, Albiol ha dejado su escaño en el Parlament para centrarse en Badalona, y por ello también ha abandonado la presidencia del PPC, que ahora recaerá en el diputado Alejandro Fernández, Más cercano a Casado.
La llegada de Manuel Valls a Barcelona remueve a Ciutadans y PP, que sopesa sumarse a su plataforma
El debate interno en el PP en Barcelona, más allá de aprobar o no el rumbo que ha emprendido la formación bajo el mando de Casado y Teodoro García Egea, que despierta críticas, es si concurrir a las urnas junto a Manuel Valls y su plataforma ‘Barcelona, capital europea’ o mantener las siglas a riesgo de no obtener representación en el consistorio. Con todo, el nuevo líder del PPC aboga por pactos de los tres partidos constitucionalistas allí donde sumen.
Decía hace un año una persona próxima a la dirección de Podemos que el procés era una máquina de destrozar partidos, que ya había pasado en Convergència i Unió, en el PSC y que les había llegado el turno a ellos. Lo cierto es que alcanza a todos y en los últimos seis años, tomando como inicio del procés el año 2012, el tablero político catalán ha sufrido una fuerte sacudida, acentuada por la proliferación de plataformas y movimientos que esconden partidos y el marco tecnológico que avanza y condiciona -a veces degrada- el debate político por fenómenos como la cámara de resonancia o el filtro burbuja. Un documental reciente de Netflix hablaba de ‘Dos Catalunyas’, pero hay más.
Artículo en: https://www.lavanguardia.com/politica/20181028/452546594259/espejo-roto-politica-catalana-division-partidos-soberanistas-bloque-constitucional-cataluna-elecciones-anticipadas-27o-155.html
¿ADÓNDE NOS QUIEREN LLEVAR?
Artículo de Enric Hernàndez publicado en El Periódico el pasado día 27 de octubre
Con tal de forzar una mediación internacional, la Crida de Puigdemont y sus adláteres maniobran para provocar una respuesta del Estado más dura que la de hace un año
Un año después de la ‘fake’ DUI del Parlament, trampantojo diseñado por sus autores para reducir riesgos penales sin decepcionar al independentismo, se amontonan las propuestas para hacerla efectiva. A cual más descerebrada.
“Forzar un referéndum.” Tal es el propósito de la Crida Nacional per la República, según sus ideólogos Jordi Sànchez y Agustí Colomines. El movimiento acaudillado por Carles Puigdemont, al que el PDECat planta cara aun a riesgo de una escisión posconvergente, pretende erigirse en “brazo político” de la ANC y reclutar como “brazo ejecutor” a los CDR.
¿Con qué objetivos? Aprovechar las condenas a los líderes independentistas para plantear la batalla que hace año nadie quiso librar. Provocar así una reacción del Estado aún más violenta que el 1-O. Y confiar en que, esta vez sí, la intensa represión propicie una mediación internacional. No es casual que Colomines remarque que “sin muertos, la independencia tardará más”. Ni que Oriol Soler, ‘cerebro’ del ‘procés’, relate ahora el debate en el que el Govern rechazó frenar la votación para evitar víctimas civiles: “Si hay muertos no será culpa nuestra.”
“Hay que parar el país.” Desde su retiro belga, Toni Comín (ERC) propone una “huelga indefinida” en Catalunya con igual fin. Más devoto del irrendento Puigdemont que del pragmático Oriol Junqueras, el ‘exconseller’ ya piensa incluso en el adiestramiento necesario: “Hay que parar el país, pero la gente tiene que estar preparada (…). En octubre [del 2017] se confirma el escenario represivo; no había tiempo para hacer un entrenamiento de cientos de miles de personas.”
Hacer oficial la DUI. A través de sus bases, la ANC empuja al Govern y al Parlament a la desobediencia, al exigirles que publiquen la DUI en el ‘Diari Oficial’. No porque sirva de nada, sino para forzar una respuesta del Estado.
Los mismos que entregaron la autonomía, propiciaron la fuga de empresas y partieron en dos Catalunya pretenden ahora dar otra vuelta de tuerca. Ya no pueden alegar ingenuidad ni ignorancia. Antes de que sea demasiado tarde, hay que exigirles que expliquen sin subterfugios adónde nos quieren llevar.
Artículo en: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181027/adonde-nos-quieren-llevar-7114658?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada
—
(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
http://c2.staticflickr.com/2/1935/44870382574_b2d44cc49b_b.jpg
