Cada vez que se habla públicamente de ampliar el ejercicio de la libertad de expresión en este país, en el núcleo de medios de información dominante resuena una alarma: presunto atentado incluso contra la democracia misma. Así ocurrió especialmente cuando el gobierno de Gabriel Boric designó una comisión especial que estudiara precisamente “Más amplitud, más voces, más democracia”, con el fin de orientar futuras políticas públicas en esa dirección.
Producto de una fuerte presión no solamente comercial que condiciona la autoexigencia en los contenidos, la televisión abierta, dominada por consorcios transnacionales y una cadena estatal obligada al autofinanciamiento, ha acomodado la línea informativa a su programación general haciéndola marcadamente sensacionalista, farandulesca y sesgada. Su mayor creación aquí ha sido la sobrecobertura sistemática de una delincuencia común que, aun violenta y en aumento, no ha recibido un enfoque periodístico que escarbe hacia las raíces del flagelo, para afrontarlo más allá del relato personal y reiterativo que diariamente inunda las pantallas y abruma a los televidentes centrándose en la vileza de desconocidos, la gravedad o cuantía el daño causado y la represión policial.
Ya hace diez años, en 2013, una memoria de título de una estudiante de periodismo, Mitsuko González Litomi, titulada “La construcción mediática de la delincuencia en Chile”, publicada por la Universidad de Chile, apuntaba a cómo tomaba cuerpo esa línea editorial. Informaba que los periodistas que cubrían seguridad ciudadana para la televisión y otros medios, consultados al efecto, explicaron que la decisión de incluir una nota, si bien era responsabilidad del editor, éste “sigue los lineamientos que su jefe le entrega por instrucción de los socios o directores de la organización”. Agregaba que los profesionales, entrevistados en 2011, pidieron expresamente no utilizar grabación y guardar el anonimato.
Las palabras “Delincuente”, “Carabineros (policía uniformada)”, “Banda”, “Joven”, “Menores (de edad)” y “Asalto”, entre otras, eran las más repetidas entonces por presentadores y reporteros de noticiarios televisivos. Hoy se han sumado neologismos como “portonazo”, “encerrona” y otros delitos ya habituales.
Concluía dicha investigación que medios de comunicación masivos como la televisión, en su papel de influenciadores, tendrían responsabilidad en la creencia generalizada que la delincuencia es efectivamente el principal problema del país, subrayando la alta cobertura que los canales daban a la seguridad ciudadana y su presencia prominente en los programas informativos. Se había construido en el imaginario colectivo, sostenía entonces la autora, una agenda de temas relevantes con la delincuencia como protagonista, generando no sólo empatía en la audiencia sino también una “percepción errónea”.
Intocables
Nada ni nadie puede presionar a los medios chilenos sobre sus lineamientos y servicios periodísticos sin afectar derechos consagrados constitucionalmente, salvo mediante denuncias puntuales y específicas acogidas por los tribunales de justicia. De ahí la inescrupulosa (y exitosa) campaña propagandística contra el finalmente rechazado proyecto de nueva Constitución presentado por la Convención Constitucional, que asignaba al Estado el deber de estimular la oferta mediática y fortalecer la participación social en la información pública, lo que amenazaba los intereses de las grandes cadenas.
Noticias “no aptas”
En contraste, las noticias no desarrolladas, marginadas o simplemente desoídas por los medios en superiores condiciones de difundirlas suelen sumirse en el tráfago informático virtual, buscando acogida en algunas de las plataformas digitales “alternativas” de mayor presencia. Es así como las prácticas corruptivas, otro tema preponderante, aparecen asociadas a diversos delitos, infracciones o irregularidades atribuidos a personajes no sólo del sector público, sino también del privado. El Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper-Chile) publica un extenso archivo histórico, en el cual se repiten también, entre otros, escándalos financieros protagonizados por grupos económicos y casos judiciales que han involucrado a instituciones armadas.
Y mientras la poderosa prensa “oficialista” (defensora del actual sistema político-económico, heredado de la dictadura) sigue recreando el terror delictual y algunos escándalos que sacuden al gobierno de Boric, aquí, titulares de indagaciones periodísticas de Ciper-Chile publicadas durante el año recién pasado, 2023 (cursivas, del editor).
Investigaciones “con impacto”
“Prostitución sin control en el Portal Fernández Concha destapa accionar de bandas dedicadas a la trata de personas”
“Caso Relojes: siete efectivos de la PDI están imputados por colaborar con empresarios acusados de lavado de activos”
“$430 millones más: los documentos que muestran que Las Condes pagó el doble por un inmueble destinado a construir un Cesfam”
“Santiago: funcionario despedido por compra en Sierra Bella estuvo involucrado en otro negocio inmobiliario detenido por la Contraloría”
“Identifican a 350 miembros del Tren de Aragua en Chile: videos y testimonios revelan las espeluznantes torturas a sus víctimas”
“Los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes”
“Rendiciones de Democracia Viva confirman que la fundación usó recursos del Minvu para desplegar trabajo territorial en la zona”
“Indemnizaciones sin control en corporaciones municipales: $240 millones cobró el exdirector del Centro Cultural de Las Condes”
“«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”
“En la casa de Pablo Zalaquett: la reservada reunión donde los ministros Grau y Rojas acercaron posiciones con la industria salmonera”.
J.F.S.
Fuentes principales:
repositorio.uchile.cl
ciperchile.cl
