Obliga a los ciudadanos a pagar íntegramente en las oficinas de farmacia por medicamentos de uso común como 'Almax', 'Pectox', 'Hemorrane', 'Fortasec', 'Acetil Cisteína' o 'Mucosan', entre otros
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) asegura que en el mes de septiembre de 2012 las oficinas de farmacia están sufriendo un descenso «moderado» en las ventas relacionado con la decisión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de dejar de financiar un total de 417 medicamentos para síntomas menores.
La medida, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de septiembre, obliga a los ciudadanos a pagar íntegramente en las oficinas de farmacia por medicamentos de uso común como ‘Almax’, ‘Pectox’, ‘Hemorrane’, ‘Fortasec’, ‘Acetil Cisteína’ o ‘Mucosan’, entre otros.
Esto ha propiciado que desde el primer mes de entrada en vigor ya se esté notando un descenso «moderado» en las ventas, según ha reconocido el presidente de la patronal de las oficinas de farmacia, Fernando Redondo, si bien precisa que «aún es pronto» para tener los datos de facturación real.
«Descenso sí que se nota», ha admitido, aunque precisa que «con el tiempo» se recuperarán las ventas ya que «la gente que necesite estos medicamentos los va a acabar comprando, porque son productos que no eran caros».
De hecho, ha precisado que con determinados medicamentos «la gente ya tradicionalmente prefería ir a las farmacias antes de tirarse cuatro horas de espera en la consulta para conseguir una receta».
Dudas en las farmacias
Pero, más allá del descenso en las ventas, el presidente de FEFE denuncia que la medida está generando algunas «dudas» en las farmacias, sobre todo en relación a cerca del centenar de medicamentos del listado que tenían excepciones de financiación para determinadas patologías.
«En la receta no se pone la patología del paciente, por lo que hay que suponer que es financiable, lo que les genera una inseguridad jurídica y económica porque luego la administración puede decidir que este paciente no tenga derecho a esta excepcionalidad».
Además, ha criticado que después del listado inicial se hayan publicado algunas correcciones y que además cada comunidad «lo aplique según su criterio».
«Parece que hace falta el libro gordo de Petete para dispensar una sola receta».
Sanidad: «No se verá ahora»
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha reconocido que es «pronto» para comprobar cuál es el impacto que ha tenido en el gasto la entrada en vigor de la medida, adoptada por el Ejecutivo, con el respaldo del Consejo Interterritorial del SNS, el pasado mes de junio.
«El impacto que ha tenido en el gasto no se verá ahora sino dentro de un mes, todavía es muy pronto para saberlo ya que no ha habido tiempo ha recoger todos los datos».
En términos similares se ha manifestado el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, que ha señalado que, aunque todavía es «pronto» para poder sus efectos absolutos, está empezando a tener efectos negativos entre la población.
Sánchez Bayle ha asegurado que esta medida está produciendo una situación «muy negativa» entre las personas que estaban tomando medicamentos y que, además, está habiendo «bastante presión» sobre los profesionales sanitarios para que se produzca una preescripción «alternativa» de medicamentos.
«Tenemos constancia de que hay un porcentaje de población que no ha podido tener acceso a la medicación que necesitaba por falta de dinero.
Pero esto no es una cosa inmediata aunque ya se están empezando a notar los efectos negativos de estas medidas», ha recalcado para zanjar asegurando que la normativa del Gobierno va a producir un «empeoramiento de la salud de la población y, en algunos casos incluso hasta el fallecimiento».
Médicos destacan que no hay incidencias
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendin que, pese a que todavía es «muy temprano» para saber que efectos puede tener la desfinanciación, hasta el momento no se han registrado incidencias.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, ha instado al Gobierno a crear «una agencia de evaluación independiente» que, «con criterios de evidencia» llevase a cabo «un proceso de evaluación flexible».
Asimismo, ha manifestado su preocupación porque, tras la desfinanciación, las personas en desempleo o con menos recursos busquen alternativas «en remedios no muy probados».
En su opinión, si bien es cierto que había «muchos medicamentos que debían ser descatalogados, pues tenían una eficacia baja», había otros como antidiarreicos o antivíricos tópicos, que no tenía que haber sido sacados de la lista.
De este modo, Basora ha considerado que, a la hora de tomar esta medida, debían de haberse contemplado ciertos supuestos.
«No hubiésemos desfinaciado los tratamientos de secreción gástrica o antagonistas opiáceos», ha señalado el representante de Semfyc, a la par que ha sugerido que se podían haber tenido en cuenta tratamiento más costosos.
Por otro lado, ha lamentado que la adopción de esta medida no haya sido consultada a su sociedad ni a «agentes importantes», como las comunidades autónomas.
Además, ha señalado que, a pesar de que el Real Decreto incluía algunas excepciones, como ciertos tratamientos para pacientes crónicos, existen otras circunstancias, como personas mayores que precisan de laxantes o tratamientos antidiarréicos, que no se han tenido en cuenta.
