MEMORIA HISTÓRICA, AMENAZA PARA LA PAZ EN EUROPA

Francisco José Contreras: «La Historia como arma política»

La equivalencia moral entre comunismo y nazismo

Francisco José Contreras: "La Historia como arma política"

Hasta hace no tanto tiempo, las conmemoraciones oficiales en la mayoría de países europeos no pasaban de cuatro o cinco al año, y se referían a hitos indiscutibles de una historia nacional compartida: en España, el 12 de octubre (descubrimiento de América por naves castellanas en 1492) y el 6 de diciembre (aprobación de la Constitución de 1978).

En las últimas décadas, al tiempo que las conmemoraciones clásicas se debilitaban (en España, por ejemplo, la izquierda considera que el 12 de octubre no hay “nada que celebrar”, y tanto el día de la Hispanidad como el de la Constitución pasan desapercibidos en las regiones con Gobiernos nacionalistas), surgía una fiebre memorialista “fragmentaria”, de afirmación de identidades subnacionales, bien territoriales (en España, la Diada catalana, el Aberri Eguna vasquista, el Día de Andalucía, etc.), bien sexuales (día de la mujer, día del orgullo gay, etc.) o raciales.

Mientras que las festividades nacionales clásicas eran cohesionadoras y celebraban la historia común, las nuevas conmemoraciones son divisorias en la medida en que se refieren a subgrupos; además, tienen una connotación victimista-reivindicativa, pues los colectivos en cuestión se consideran históricamente agraviados.

De un memorialismo unificador hemos pasado a otro desintegrador.

Las “leyes de memoria” se inscriben en esa misma tendencia fragmentadora: se trata, en este caso, de grupos étnicos o ideológicos que pretenden blindar ―usando la fuerza coactiva del Estado― sus respectivos agravios frente a cualquier negación o relativización.

Los políticos imponen la historia oficial

El primer “negacionismo” criminalizado fue el del genocidio más inequívoco: el Holocausto. En Francia, la “ley Gayssot” (1990) tipifica en su artículo 9 como delito “la negación de la existencia de crímenes contra la humanidad, tal como fueron definidos en el estatuto del Tribunal Militar internacional de Núremberg”. En Alemania, la negación del Holocausto ya había sido penalizada por la sección 130 del Código Penal. En Bélgica, la ley de 23 de marzo de 1995 castiga “la negación, minimización, justificación o aprobación del genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nacional-socialista alemán”. En Suiza, el artículo 261bis del Código Penal hizo lo propio a partir de 1994.

El argumento más importante a favor de las leyes anti-negacionistas es que el cuestionamiento del crimen inflige un daño moral adicional a las víctimas o a sus descendientes. Sin embargo, algunos negadores del Holocausto ya habían sido sancionados antes de la entrada en vigor de ese tipo de leyes: por ejemplo, Maurice Bardèche, encarcelado en 1954, o Robert Faurisson, multado en 1983. En Francia, la ley de prensa de 1881 prohibía ya la “difamación racial” en su artículo 32, la “injuria racial” en el 33, etc.

Por otra parte, muchos historiadores prestigiosos han entendido que la mentira histórica debe combatirse con pruebas y refutaciones, no con prohibiciones legales. Claude Liauzu, por ejemplo, declaró: “Es peligroso limitar la libertad de investigación; es preferible enfrentarse a los negacionistas mediante el combate de las ideas”[1]. Jean-Pierre Azema dijo en una entrevista: “No pretendemos que la historia pertenezca sólo a los historiadores. Pero menos aún pertenece a los parlamentarios. En un régimen democrático no existe una verdad histórica intangible”[2]. François Furet, Pierre Nora y Pierre Vidal-Naquet se opusieron también a la ley Gayssot, al igual que los escritores Michel Houellebecq y Michel Tournier, y el filósofo Paul Ricoeur.

Una vez abierta la veda de la fijación de la Historia por decreto ―y en una atmósfera de identity politics que incita al victimismo colectivo a todos los que no sean varones occidentales heterosexuales― nuevos grupos étnicos exigen la oficialización de sus respectivos agravios: armenios (genocidio de 1915, reconocido por ley francesa de 2001), ucranianos (Holodomor de 1932-33), gitanos, africanos… En España, la izquierda prepara una “Ley de Memoria Democrática” que penalizará la “apología del franquismo”. Y empieza a aplicarse la etiqueta infamante de negacionista a cualquiera que cuestione nuevos dogmas “progresistas” como la “brecha salarial”, la “violencia de género” (entendida como agresiones contra mujeres “por el hecho de ser mujeres”), la “emergencia climática” o la “transexualidad”.

En Francia, el siguiente paso fue la “ley Taubira” de 2001[3], que establece en su artículo 1 que la esclavitud “practicada en las Américas, el Caribe, el océano Índico y en Europa contra poblaciones africanas, amerindias, malgaches e indias” es un “crimen contra la humanidad”; en el 2 que “los programas escolares y de investigación histórica y ciencias humanas concederán a la trata de esclavos [traite négrière] y a la esclavitud el lugar importante que merecen”; y en el 5 faculta a “las asociaciones dedicadas a defender la memoria de los esclavos y el honor de sus descendientes” para interponer acciones civiles contra los “negacionistas”.

La ley Taubira exhibe un sesgo antioccidental en su delimitación histórica del fenómeno de la esclavitud. ¿Por qué limitarla a la practicada por los europeos “contra poblaciones africanas, amerindias, etc.” y no incluir la practicada por las culturas extraoccidentales entre sí (y, de manera muy especial, la “trata intra-africana” y la “trata árabe”, tan letal para la población del continente negro, según ciertas estimaciones, como la atlántica)? ¿Por qué no incluir la reducción a cautiverio de decenas de miles de europeos por piratas turcos y berberiscos entre los siglos XVI y XIX?

El recorrido de la ley Taubira demuestra que las “leyes memoriales” crean un clima de intolerancia e intimidación intelectual. Inspirado por la entrada en vigor de la ley, el Comité para la Memoria de la Esclavitud interpuso en 2004 una demanda contra el historiador Max Gallo por declaraciones hechas durante una entrevista sobre su biografía de Napoleón.

Preguntado por la “expedición de Saint-Domingue”, en la que el entonces Primer Cónsul envió tropas francesas a Haití para intentar recuperar la colonia sustraída a Francia por la rebelión de Toussaint Louverture y restablecer la esclavitud, Gallo había respondido que “Napoleón encarnó los valores revolucionarios a pesar de todo eso”[4]. La demanda sería sobreseída en 2006, pero para entonces Gallo ya se había retractado públicamente de su herejía.

El siguiente historiador en comparecer ante el tribunal de la corrección política sería Olivier Grenouilleau, autor del libro Les traites négrières[5]. Como en el caso de Gallo, lo que desencadenó la tormenta no fue la obra misma, sino declaraciones posteriores (parece que las asociaciones memorialistas son más inclinadas a leer entrevistas que libros) en las que afirmó que la trata de esclavos, ciertamente inmoral, no constituyó un genocidio, pues lo que caracteriza a éste es la voluntad de exterminar a un pueblo, y en el caso de la esclavitud interesa mantener con vida a la mercancía humana para su explotación laboral. Grenouilleau criticó también que se pusiera el foco sólo sobre la trata atlántica mientras que se guardaba silencio sobre la esclavitud en el mundo islámico.

Los affaires Gallo y Grenouilleau sirvieron de catalizador para el manifiesto “Libertad para la Historia”[6], firmado en diciembre de 2005 por diecinueve historiadores, entre ellos Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Alain Decaux, Jacques Julliard, Pierre Nora y Pierre Vidal-Naquet.

“La historia no es una religión. El historiador no acepta ningún dogma, no respeta ninguna prohibición, no conoce tabús. […] La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos ni introduce en los hechos de otro tiempo la sensibilidad de hoy. […] En un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a la autoridad judicial la definición de la verdad histórica.” Estos principios, afirmaban los firmantes, son violados por la ley Gayssot, la ley sobre el genocidio armenio y la ley Taubira.

La interpretación rusa del pacto Molotov-Ribbentrop

Por supuesto, cuando políticos y legisladores se arrogan la función de historiadores, lo hacen desde la perspectiva de los intereses políticos actuales (aplicando el principio orwelliano de “quien controla el pasado, controla el presente”), y no desde la búsqueda de la objetividad. En Rusia, por ejemplo, el revisionismo histórico se ha convertido en un instrumento al servicio de la Machtpolitik de Vladímir Putin. El octogésimo aniversario del pacto Molotov-Ribbentrop fue la señal para una campaña de reinterpretación del período 1939-41 por los medios oficiales rusos[7].

La culpa de la alianza entre la URSS soviética y el III Reich nacional-socialista alemán no habría sido de Stalin, sino de Francia, Gran Bretaña y Polonia, que no supieron darle al “padrecito de los pueblos” el cariño que necesitaba. Además, alegan, la URSS no fue el único país en firmar tratados de no agresión con Hitler, pues también lo hicieron Letonia y Estonia (como indicó el ministro de Exteriores letón Edgar Rinkevics, los medios rusos omiten el pequeño detalle de que los tratados no incluían, como el germano-soviético, protocolos secretos de reparto de Europa oriental).

Con este movimiento, Putin retorna a la visión histórica de la época soviética dura, involucionando respecto a la “Carta a la nación polaca” que el propio Putin había escrito en 2009[8], en la que reconocía que el pacto Molotov-Ribbentrop había sido “condenable” (en realidad, fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, pues permitió a Hitler lanzarse a la ofensiva sin temor al espectro de la guerra en dos frentes de 1914-18), e incluso respecto a la glasnost histórica de los años de Gorbachov: en la Nochebuena de 1989, el Parlamento soviético admitió la existencia del protocolo secreto en el pacto de 1939 (invasión de Polonia y reparto de Europa oriental en esferas de influencia) y lo condenó por 1.432 votos contra 252.

La inquietud de los Estados bálticos y Polonia ante este renovado interés del Gobierno ruso por la historia del siglo XX no carece de fundamento. Por ejemplo, la interpretación soviética oficial de la anexión de Lituania, Estonia y Letonia en 1940 era que esos países se incorporaron a la URSS, no en aplicación del pacto Molotov-Ribbentrop, sino “voluntariamente”.

Lo cierto es que la URSS les planteó ultimátums en junio de 1940 y se sometieron a su abrumadora superioridad militar (a diferencia de Finlandia, que prefirió luchar en 1939-40 en la llamada “guerra de invierno” y colaboró con la invasión alemana a partir del verano de 1941). Occidente consideró siempre ilegítima la anexión de los países bálticos; de ahí el rápido reconocimiento de su independencia en 1991, antes incluso de la desintegración oficial de la URSS. Si Putin retorna ahora a la vieja teoría soviética de la “incorporación voluntaria”, es la soberanía misma de esos países lo que vuelve a ponerse en cuestión.

La equivalencia moral entre comunismo y nazismo

La resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019 estableciendo una equivalencia moral entre nazismo y comunismo[9] no es ajena a este contencioso histórico-político.

Los europarlamentarios de la Europa central excomunista jugaron, por supuesto, un papel fundamental en su promoción. Recordar las afinidades entre el fascismo y el comunismo (ambos antiliberales; ambos sistemas de partido único apoyados en policías políticas [NKVD, Gestapo]; ambos incompatibles con el pluralismo social y hostiles a los cuerpos intermedios como la familia o las iglesias; ambos cultivadores de una “interpretación bélica de la historia” [guerra de razas en el nazismo, lucha de clases en el marxismo] que lleva a criminalizar a colectivos humanos completos: si en el nazismo el crimen era pertenecer a la etnia incorrecta, en el marxismo lo es pertenecer a la clase social incorrecta) significa romper el relato histórico que tanto rédito ha proporcionado a la izquierda desde hace tres cuartos de siglo: la URSS como némesis de Hitler y el comunismo como la antítesis del fascismo (y, si el fascismo es el mal absoluto, el comunismo es entonces el bien absoluto).

Recordar el pacto Molotov-Ribbentrop también destruye la narración oficial, pues demuestra que los dos totalitarismos eran tan afines que no tuvieron dificultad en repartirse media Europa y en colaborar durante dos años. Una colaboración que, si hubiese sido por Stalin, habría continuado mucho más, y que sólo se rompió por la traición de Hitler, incapaz de vencer a Gran Bretaña y decidido a cumplir de una vez por todas el designio nazi de adquisición de un gran Lebensraum en la Europa eslava. Stalin estaba tan cómodo con su alianza hitleriana que se negó a escuchar los informes de inteligencia que le advertían de los preparativos de la Operación Barbarroja; y esa imprevisión, junto al debilitamiento del ejército por las purgas de 1936-37, explica en parte la debacle inicial de los soviéticos frente a la Wehrmacht.

Frente al cinismo de los políticos en su manipulación retrospectiva de los hechos, aquellos a quienes importa la verdad debemos resistir a toda fijación oficial de la Historia y, sobre todo, a la supresión de la libertad de investigación y debate.

Francisco José Contreras

Francisco José Contreras Peláez (Sevilla, 1964) es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Ha escrito once libros, entre ellos, Nueva izquierda y cristianismo (2011), Liberalismo, catolicismo y ley natural (2013), La fragilidad de la libertad (2018) y Una defensa del liberalismo conservador (2019). Y ha coordinado ocho libros colectivos, de los que destacan The Threads of Natural Law. Unravelling a Philosophical Tradition (2013), Hablando con el Papa. 50 españoles reflexionan sobre el legado de Benedicto XVI (2013) y El sentido de la libertad: Historia y vigencia de la idea de ley natural (2014). Miembro de los patronatos de la Fundación Valores y Sociedad y de la Fundación Disenso. Ha recibido el Premio Legaz Lacambra, el Premio Diego de Covarrubias, el Premio Hazte Oír, el Premio Angel Olavarría y el Premio Cristianismo y Libertad. En 2019 fue elegido diputado por Sevilla de la XIV legislatura de las Cortes españolas y pertenece al grupo parlamentario de VOX.

[1] Nouvel Observateur, 22 de septiembre de 2005.
[2] “Faut-il abroger les lois mémorielles?”, L’Express, 2 de febrero de 2006.
[3] Loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, 21 de mayo de 2001.
[4] France 3 TV, 4 de diciembre de 2004.
[5] Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, Gallimard, París, 2004.
[6] “Liberté pour l’Histoire”, Libération, 13 de diciembre de 2005.
[7] Vid. Uma Bergmane, “How Putin is Rehabilitating the Nazi-Soviet Pact”, Baltic Bulletin – Foreign Policy Research Institute, 28 de julio de 2020.
[8] Vladimir Putin, “List Putina do Polaków”, Wyborcza.pl, 31 de agosto de 2009.
[9] Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)).

ABSTRACT

El catedrático Francisco José Contreras expone el surgimiento en Europa de las versiones oficiales de la historia impuestas por los políticos y por grupos que se pretenden representantes de minorías. Las leyes de memoria crean un clima de intolerancia y de represión intelectual. La reacción más dura contra estas leyes ha surgido entre los historiadores y escritores franceses. Sin embargo, las interpretaciones oficiales de los hechos históricos no se limitan a dañar la paz interior de los países y la investigación académica, sino que también pueden envenenar las relaciones entre las naciones europeas. Sobre este punto, Contreras cita el caso de la nueva versión oficial en Rusia respecto al Pacto entre la URSS y el III Reich, que algunos países europeos ven como una amenaza a su independencia.

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