El Gobierno de Pedro Sánchez está dejando tras de sí un país en la ruina económica absoluta. Sánchez anunció que el Ejecutivo aprobará el martes 29 de marzo el Plan de Choque que dará respuesta a la invasión de Ucrania, única causa de esta crisis para el presidente, debe ser solo para él.
Este Plan abordará tres ejes principales: la primera medida será una bonificación de 20 céntimos por litro a los consumidores, prohibirá los despidos a las empresas, como ya hizo en plena pandemia y limitará la subida de los alquileres a un máximo del dos por ciento.
Todas estas medidas de ayuda a las familias, se mantendrán vigentes hasta el próximo 30 de junio. Sobre el tema de portada, la pobreza energética, Sánchez presentará una propuesta junto a Portugal para limitar el precio del gas empleado en generación eléctrica, todo a expensas de qué decida Bruselas.
El presidente anunció ayudas al sector de la agricultura y ganadería, tras unas cuantas jornadas de inactividad y manifestación, otorgará 362 millones de euros en, y al sector de pesca otros 68 millones. A buenas horas le ve el Gobierno las orejas al lobo.
Así se solucionan las huelgas para los socialistas, a través de ayudas económicas con dinero público, en lugar de regular y gobernar para que no haya sectores que trabajen a pérdidas, o que no vean productivo trabajar por una mala gestión de los bienes públicos.
En cuanto al sector en discordia, el de transportes, que continúa en huelga por el alto coste de los carburantes, contará con ayudas de 1.000 millones de euros en total, según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Según los cálculos de Sánchez se necesitan un total de 16.000 millones “para repartir el impacto de la guerra”. Todo hasta el 30 de junio de 2022.
Es decir, continúa el insólito reparto de bienes y fondos públicos por parte de Pedro Sánchez.
Los consumidores son los que se encargan de los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), de acuerdo al sistema energético actual.
Sánchez anunció que tratará de rebajar estas cargas del Recore en 1.800 millones de euros y que modificará el cobro de los llamados “beneficios caídos del cielo” para adaptarlo a las recomendaciones de Bruselas, hasta hace poco no se podía intervenir los costes energéticos.
La denuncia de Ayuso
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ampliará la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 10 de marzo por irregularidad en doce contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con siete empresas del entorno socialista, que suman 326 millones de euros, un despilfarro enorme en una de las mayores crisis desde 2008.
La Fiscalía Europea, representada por Concepción Sabadell, fiscal de la trama Gürtel y colocada por Pedro Sánchez, emitió un comunicado en el que cuenta que está en contacto con Dolores Delgado, fiscal General del Estado, afirmando que si tiene dudas sobre quién investigará el contrato, traslade la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa.
De acuerdo a la información de OKDIARIO, los 30 fiscales de sala dispuestos el 28 de marzo, están de acuerdo en que la Fiscalía Europea no es competente para investigar al hermano de la presidenta de Madrid, Tomas Díaz Ayuso.
La denuncia que llevó a cabo el Partido Popular, y que se ampliará el 28 de marzo, acusa a todos los posibles responsables en esta cadena:
«Todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos […] por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos»
Alguno de estos ejemplos de subvenciones polémicas del Gobierno “del progreso”, son las once ayudas públicas del ‘caso Playbol SL’, empresa relacionada con la fábrica de plásticos de los padres del presidente Sánchez. Ayudas que se facilitaron desde los Ministerios de Industria y Economía con el objeto de «paliar los efectos del COVID-19» no se puede ser más sinvergüenza.
También es influyente el caso del marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, su nombre es Ignacio Manrique de Lara, directo de marketing de una consultora que gestiona el cobro de fondos europeos que reparte su propia esposa, demencial.
La compañía, llamada Beedigital, ofrece “soluciones de digitalización”, sus precios se sitúan entre 125 y 6.000 euros, y todo aquel pequeño o mediano empresario que reciba estas ayudas estatales de Calviño, está obligado a contratar la sociedad intermediaria de Ignacio Manrique de Lara.
Unas cuestiones que analizará Alfonso Rojo en el programa ‘La Segunda Dosis’ de este 28 de marzo de 2022, que contará con la participación de Paco Núñez, presidente del PP en Castilla y León; Paula Baena, periodista de OKDiario y Sergio Fidalgo, director de elcatalán.es
