Las negociaciones de Jaume Roures, dueño de Público, con un inversor que aporte los nueve millones de euros que necesita Mediapubli para mantener la edición impresa del rotativo, enfilan su recta final. —Roures: «La TV que se hace es muy mala y con ‘La Noria’ la gente reaccionó ante el pisoteo de su dignidad»—
Aunque todo apuntaba, según lo publicado y especulado, a que será un periódico, concretamente latinoamericano, el nuevo socio de Público, en realidad hay que escarbar mucho más para conocer la identidad de ese inversor tan esperado en la redacción del rotativo que dirige Jesús Maraña como agua de mayo.
Periodista Digital ha podido saber en exclusiva que es el Gobierno venezolano de Hugo Chávez el que entrará en el capital de Mediapubli aportando incluso los nueve millones de euros necesarios, eso sí, siempre a través de una sociedad interpuesta.
Ahí aparecen entonces los nombres del mexicano La Jornada de México, del cual se habló en un primer momento hasta que dicha información se filtró, o del argentino Página 12, conocido por ser uno de los órganos oficialistas del Gobierno de Cristina Kirchner, que gana enteros.
Este medio ha podido saber que desde que Mediapubli presentara la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores–El millonario Roures se da un mes para salvar Público–el empresario catalán lleva varias semanas negociando con un inversor extranjero con la participación de varios intermediarios próximos a Izquierda Unida y la embajada de Venezuela en Madrid. Y para que el trato se cerrara, había que salvar antes algún escollo–Jesús Maraña sirve en bandeja la cabeza de su corresponsal político en Venezuela ante las presiones de Hugo Chavez–. Esto era lo que declaraba el propio Lozano a PD tras conocer su despido de Público:
«El Gobierno venezolano pidió mi cabeza»
EL ABOGADO GONZALO BOYE ES UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA NEGOCIACIÓN
Pero, ¿quién o quienes están actuando de intermediarios en esta negociación entre Mediapubli y el Gobierno venezolano? Periodista Digital ha podido conocer que uno de los implicados en las conversaciones, sean quienes sean los interlocutores, es el abogado Gonzalo Boye.
Este chileno fue condenado, en 1996, por la Audiencia Nacional por prestar ayuda logística junto a otros dos miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) a los activistas de ETA que secuestraron al industrial Emiliano Revilla en 1988, cuyo cautiverio se prolongó durante ocho meses finalizando con la liberación del empresario tras el pago de un rescate millonario, según publicó El País—Condenados a 44 años tres chilenos por colaborar en el secuestro de Revilla–.
Gonzalo Boye, además, es un colaborador habitual del diario Público a través de sus columnas de opinión. Preguntado por este medio sobre la posible entrada del Ejecutivo de Hugo Chávez en el capital de Mediapubli, el letrado ha reconocido su participación en estas negociaciones pero ha asegurado que él con quien ha hablado es con un «inversor chileno»:
«Yo de lo que me he preocupado ha sido de tratar de encontrar, ante la situación de Público, un inversor, y en concreto chileno. Si hay algo con Venezuela yo no lo sé porque mi contacto ha sido con alguien de Chile»
«Es una persona que tiene varios negocios distintos y es chileno y un amigo mío de toda la vida. Por prudencia no se cuál va a ser la decisión de este señor, que lo está evaluando [su entrada en el capital de Mediapubli] muy seriamente. Tomará su decisión en los próximos días y después los propietarios del periódico tomarán su decisión»
LA PLANTILLA, HARTA DEL SILENCIO DE LOS DIRIGENTES
Y mientras, los trabajadores de Público continúan con la ardua tarea diaria de sacar adelante el periódico bajo la incertidumbre que supone trabajar sin saber cual será el futuro de la empresa a la que pertenecen.
Y es que, desde que el rotativo despidiera en septiembre de 2011 a los primeros trabajadores tras sufrir una dura caída de los ingresos publicitarios–Público, herido de muerte: inicia un ERE que afectará a 39 trabajadores–, desde entonces la compañía ha ido dando tumbos finalizando con la declaración voluntaria del concurso de acreedores de Mediapubli.
Muchos miembros de la redacción confiesan en privado sentirse «hartos» de la ley del silencio que impera en el periódico, que sin embargo no tiene reparos en clamar contra la Reforma Laboral del Gobierno de Rajoy y todas aquellas medidas que atenten contra el derecho de los trabajadores.
La opacidad en Público es la constante ya que, tras la primera filtración que aseguraba que el periódico mexicano La Jornada sería el nuevo socio de Roures y los suyos, el empresario catalán quiere tenerlo ahora todo atado y bien atado.
PD se ha puesto en contacto, a su vez, tanto con la embajada venezolana en España como con los portavoces de Mediapro, que han declinado hacer declaraciones.
