Más que sumar, resta.
A Yolanda Díaz se le está complicando el parto político.
De momento, a pesar de que quedan diez meses para los comiciones autonómicos y municipales, la vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista ya avanza que no concurrirá a esa cita con las urnas.
Es más, dice que se da un plazo de unos seis meses, a principios de 2023, para ver si realmente es factible que esa plataforma se transforme en una fuerza política al uso y, por tanto, pueda armarse convenientemente de cara a las elecciones generales de finales de 2023 o inicios de 2024.
Una de las primeras ‘víctimas’ de la decisión de Díaz de no atreverse a presentarse a los comicios territoriales es Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno contaba con la posibilidad de que Sumar arañara diputados autonómicos y ediles con los que poder mantener determinados Gobiernos regionales y municipios de cierta relevancia.
Sin embargo, el mejunje político de la también ministra de Empleo le queda aún tiempo por delante para madurar y tampoco es desdeñable que a Díaz le entrasen los siete males después de ver como en Andalucía su apoyo a Teresa Rodríguez no animó, precisamente, al electorado a depositar su voto por ese partido.
LAS DUDAS DE LA LÍDER DE SUMAR TIENEN NOMBRES Y APELLIDOS
Otro aspecto a tener en consideración es el de las malas compañías de las que se rodeó Yolanda Díaz meses antes de presentar por todo lo alto su proyecto político.
‘Otras políticas’, el acto que en noviembre de 2021 le sirvió a la aún podemita para empezar a desmarcarse del partido fundado por Pablo Iglesias, le ha deparado más perjuicios que beneficios.
Y es que especialmente hubo dos nombres en esa convocatoria que han ensuciado ‘Sumar’ cuando ni siquiera puede considerarse un partido político al uso.
Ada Colau y Mónica Oltra, a las que se utilizó como mascarón de proa del proyecto ‘yolandista’ se han convertido en un lastre.
La alcaldesa de Barcelona, que pertenece todavía a la marca blanca de Unidas Podemos, sigue en el ojo del huracán tras su paso por los juzgados.
La primera edil debió responder ante el juez por las subvenciones no sujetas a concurso que el Ayuntamiento ha concedido en los últimos años a entidades afines a su partido, Barcelona en Comú. Entre ellas, el Observatorio DESC, para el que la propia Colau trabajó antes de dar el salto a la política.
Entre las entidades beneficiadas se encontraba la Fundación Surt, una entidad de acción social que trabaja «para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y para erradicar las discriminaciones por razón de sexo, con la vista puesta en lograr una sociedad con equidad de género efectiva», según explican en su propia página web.
El denunciante de estas presuntas irregularidades, Alberto Pichel, aseguró que la presidenta de esta fundación es Fina Rubio Serrano, quien es «afín al independentismo y a la formación morada». Esta responsable presume en sus redes sociales de apoyar a los golpistas catalanes condenados por el 1-O. Colau otorgó a dedo a esta fundación 84.742 euros de las arcas públicas.
LA DE COMPROMÍS, FUMIGADA DE LA GENERALITAT
Otra que tampoco es, precisamente, la mejor promoción para una formación política es Mónica Oltra.