Solo le faltó presentarse a la entrevista con el diario La Vanguardia luciendo un lazo amarillo y así mostrar su inequívoco compromiso con los golpistas.
José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, no ha dudado en ponerse a hacer campaña de cara a las elecciones en Cataluña del 14 de febrero de 2021.
Para ello, no duda, como responsable en materia de transportes, en atropellar el marco legal para poner en la calle a los que perpetraron el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y trataron de romper la unidad de España con una declaración unilateral de indepencia de Cataluña.
El periódico le cuestionaba sobre si antes de los comicios catalanes el Gobierno aprobaría la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y tomará una decisión sobre los indultos a los líderes independentistas en prisión. La respuesta del ministro, elocuente a todas luces:
La previsión era que la reforma viera la luz este año pero las circunstancias que nos han rodeado lo han hecho imposible. No puedo precisar el momento exacto, pero se hará más pronto que tarde. Corregir algunos desfases del Código Penal permitirá su equiparación con los de otros países de nuestro entorno, donde un delito equivalente al de una sedición no protagonizada por militares no es castigado con más de cuatro años de cárcel. Con su actual redacción, hasta una concentración para impedir un desahucio podría ser tipificable como sedición. Respecto a los indultos, el Gobierno está obligado a tramitarlos pero no marca los tiempos, que están determinados por los informes preceptivos de los órganos jurisdiccionales.
El entrevistador recuerda a Ábalos que la Fiscalía advierte que no existen razones de “justicia, equidad y utilidad pública” para conceder los indultos. Y es probable que el Tribunal Supremo también se oponga y le pregunta si esos informes desfavorables condicionarían la concesión de los indultos por parte del Consejo de Ministros.
El titular de Transportes tampoco duda en la respuesta y deja clara la intención del gabinete sanchista en poner en la calle a los golpistas:
Este es un Estado de Derecho con separación de poderes. El Gobierno respeta siempre las decisiones de los tribunales y espera respeto de las decisiones que tome en el ámbito de sus competencias. El Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos, y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia.
La Vanguardia quiere saber si, personalmente, Ábalos comparte las posturas del vicepresidente Pablo Iglesias o el ministro Alberto Garzón, que se mostraron favorables a los indultos. El también secretario de organización del PSOE es contundente:
Dentro del respeto a la Constitución y las leyes, debe hacerse lo necesario para reenganchar a Cataluña al proyecto común. Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política, y a la reconciliación y la convivencia es positivo.
Y, aunque deja la decisión en manos de los tribunales, sí cree que los golpistas deberían de tomar parte en la campaña electoral:
La decisión no corresponde al Gobierno sino a los tribunales, que son quienes determinan su situación penitenciaria y los derechos que les asisten. Mi opinión personal es que todas las voces han de ser escuchadas. Decía Ernest Lluch que el Derecho, utilizado con intención política, puede y debe dar más de sí. Estoy completamente de acuerdo.
