Corre una máxima entre los ciudadanos cuando tienen que enfrentarse a un proceso judicial. Juicios tengas y los ganes.
Arcadi Espada se suma este 17 de septiembre de 2020 a ese aserto y a esas dudas que provoca en los patrocinados tener que acudir a declarar a un tribunal. A veces estar cargado de razones no es argumento suficiente.
El columnista de El Mundo se fija en lo sucedido con el fiscal Navajas al tratar de cortar el recorrido de una veintena de querellas contra el Gobierno Sánchez por su pésima gestión durante la pandemia por el coronavirus:
Se abre paso en España la pregunta de cómo los ciudadanos pueden defenderse de la Justicia. Los ejemplos son diversos y aluden a la incompetencia, la falta de medios o a la politización de la Justicia. Politización, por cierto, es uno de los peores eufemismos que actúan en la conversación pública. No es más que la vieja prevaricación y así convendría llamarla: cuando un juez abandona la necesidad de servir a lo que es por servir a lo que debería ser, cuando cambia la verdad por las convicciones (y qué sospechoso resulta siempre que empiece manso llamando a la verdad su verdad), prevarica.
Insiste en apuntar que:
No hay una verdad de izquierdas y otra de derechas, ni una judicial y otra científica, histórica o periodística. Es sorprendente la comodidad con que muchos jueces tiran del relativismo respecto de la verdad de los hechos y quizá haya que vincularla con el descargo más o menos consciente de responsabilidad: el que maneja la verdad múltiple no prevarica.
Va al grano con respecto a Luis Navajas y como se fundamenta en sus propias creencias y no en los hechos tangibles para salvar la cara al Ejecutivo socialcomunista:
Los fiscales tienen convicciones, como todos. Pero es inquietante que uno de ellos, Luis Navajas, fundamente en sus convicciones la petición al Alto Tribunal de que rechace cualquier responsabilidad del Gobierno en la gestión de la pandemia. Porque esa petición, desde luego, no está fundamentada en los hechos. Los hechos no avalan, por ejemplo, que el fiscal vea en la presencia de ministras en las manifestaciones del 8-M una inocencia prístina: si fueron es porque creían que no había riesgo. Falso.
Aclara Espada que:
Las ministras y millones de ciudadanos sabían que en ese marzo corría riesgos cualquiera que participara en una concentración masiva. Y entre las pruebas –copiosas– la de que muchos de ellos se abstuvieron de participar, como la propia ministra de Igualdad reconoció. Las ministras asumieron sus riesgos y facilitaron que otros los asumieran.
Rebate otro de los puntos esgrimidos por el fiscal para proteger la labor del Ejecutivo sanchista:
La Justicia debería decidir si fue un riesgo criminal, pero a partir de los hechos. Navajas tiene otra gran convicción: el conocimiento general sobre la enfermedad avala la actuación del Gobierno. Falso. El mismo conocimiento sobre el virus tenían Corea del Sur, Alemania, Portugal o España. Ningún país del Primer Mundo protegió a sus ciudadanos peor que España: España no fue ignorante, sino negligente; y solo la Justicia puede decir si esa negligencia fue criminal.
Y recuerda que también de convicciones vivió Mariano Rajoy un lejano marzo de 2004 después de los atentados de Atocha el 11-M:
El precedente más vivo sobre el peso de las convicciones en los errores lo dio Rajoy el 12 de marzo de 2004 cuando manifestó «la convicción moral» de que los asesinos de Atocha eran de ETA. Pero se trataba solo de un político noqueado, al que por cierto acabaría liquidando la convicción de un juez. Ahora es un fiscal del Supremo y de un país que entre el 13 de marzo y el 14 de septiembre tuvo 44.466 muertes que no esperaba. Y esta convicción mía sobre la Justicia española.
