En La Retaguardia de este lunes 22 de septiembre, Eurico Campano analiza con el presidente de Foro España, Mariano Gomá y con el director de ElCatalan.es, Sergio Fidalgo, los últimos despropósitos del Gobierno de Pedro Sánchez como el fiasco de las pulseras para maltratadores y su peligrosa deriva en apoyo de los terroristas islámicos de Hamás.
Y es que el debate político ha subido muchos grados tras el colapso del sistema de pulseras antimaltrato, un asunto que ha desbordado los límites del Ministerio de Igualdad y ha pasado a ser munición de primer orden para la oposición y para los movimientos feministas. El cambio de proveedor de estos dispositivos, ejecutado en 2024 bajo el mandato de Irene Montero, ha dejado tras de sí una estela de fallos técnicos, pérdida de datos judiciales con los que acusar a los maltratadores al perderse pruebas y, lo que es peor, un reguero de víctimas desprotegidas.
La polémica no es menor: jueces, fiscales y asociaciones de mujeres denuncian que, desde el traspaso de la gestión de las pulseras, las incidencias se han multiplicado. El sistema, que debería garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género, ha protagonizado episodios tan bochornosos como la imposibilidad de localizar agresores o la pérdida de información clave para procesos penales. A día de hoy, 22 de septiembre de 2025, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, intenta minimizar la crisis asegurando que solo afecta a “un 1% de los casos”. Sin embargo, la Fiscalía y los jueces advierten de una “gran cantidad de absoluciones” debido a estos fallos y a la desaparición de datos que acreditaban el quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
Ideología, contratos y chapuzas: el origen del escándalo
El detonante de esta crisis se remonta a una decisión tan ideológica como polémica: la sustitución de la empresa israelí que, durante 15 años, suministró pulseras fiables y tecnológicamente avanzadas. El cambio de proveedor no obedeció a razones técnicas ni de coste, sino a una consigna política: dejar de trabajar con empresas de Israel por motivos relacionados con el conflicto en Gaza. Así lo reconocieron responsables del propio Ministerio de Igualdad y la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien manifestó su incomodidad con el origen de los dispositivos.
El resultado fue la adjudicación del contrato a una unión temporal de empresas (Vodafone y Securitas), que desde su llegada ha acumulado problemas como fallos en la transmisión de datos históricos, con un “vacío informativo” desde marzo de 2024. Además, los dispositivos nuevos no notifican alertas o se pueden manipular con facilidad, generando falsas alarmas o, peor aún, permitiendo a los agresores retirarlos sin consecuencias inmediatas. También ha causado escándalo que en los equipos por los que se sustituyeron las pulseras israelíes, se pudiera dar una congelación de la ubicación que tuvieran errores de posicionamiento por GPS y que los centros de supervisión de las pulseras no estuvieran equipados con personal suficiente para monitorear los equipos. Todo esto ha provocado desprotección para las víctimas y la consiguiente angustia. Unos fallos, además, que se han producido a pesar de los 35 millones de euros gastados. Para rematar la jugada, la empresa israelí trabajaba con datos encriptados que garantizasen la seguridad de los mismos y la nueva adjudicataria no supo desencriptarlos, lo que ha supuesto la pérdida de información fundamental para procesos judiciales abiertos.
Consecuencias judiciales y políticas: un polvorín en Igualdad
El “apagón” de datos ha tenido consecuencias demoledoras: algunos jueces han reconocido sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores por imposibilidad de acreditar el quebrantamiento de las medidas de alejamiento. El propio sistema Cometa, encargado del seguimiento telemático, ha admitido que no puede facilitar información previa al 20 de marzo de 2024, lo que ha forzado a empleadas del centro a declarar en juicio para suplir la falta de registros electrónicos.
Mientras la ministra Redondo se esfuerza en rebajar la gravedad del problema, el enfrentamiento con la Fiscalía es cada vez más virulento. El Ministerio del Interior, por su parte, se ha limitado a garantizar la seguridad de las víctimas, aunque reconoce la existencia de incidencias técnicas. Desde el PP y otras fuerzas políticas, la exigencia de dimisiones y asunción de responsabilidades es ya un clamor.
El antisemitismo y la política exterior, ingredientes extra en el cóctel
El contexto internacional añade aún más pólvora al asunto. El Gobierno, presionado por sectores de la izquierda y de la causa palestina, ha endurecido su discurso contra Israel, hasta el punto de incumplir su propio plan contra el antisemitismo al instar a la exclusión de Israel de foros internacionales. El doble rasero en la política exterior y la gestión de la violencia de género se ha convertido en un argumento recurrente para la oposición, que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de anteponer su agenda ideológica a la seguridad de las mujeres.
En medio de esta tormenta, las víctimas de violencia de género vuelven a ser las grandes olvidadas. Las asociaciones denuncian que, lejos de garantizar su protección, el sistema se ha convertido en una fuente de incertidumbre y miedo. La polémica sobre la tecnología empleada y el origen de las empresas ha desplazado el foco del debate, relegando a un segundo plano el objetivo fundamental: salvar vidas.
Datos clave para no olvidar
- El sistema de pulseras antimaltrato lleva activo en España desde 2009 y, cuando funciona correctamente, se ha asociado a una tasa de homicidios cero entre las mujeres protegidas.
- El contrato adjudicado en 2024 fue calificado con un 3,6 sobre 10 en el propio informe interno del Ministerio de Igualdad, antes siquiera de que se produjera la migración de datos.
- Algunas víctimas han llegado a recibir alertas de madrugada por falsas alarmas, lo que ha convertido el dispositivo en un “instrumento de tortura” psicológica según testimonios judiciales.
- El debate sobre el origen israelí de la tecnología ha provocado que España se quedara sin acceso a los dispositivos más avanzados del mercado, priorizando la agenda política sobre la eficacia técnica.
- El sistema Cometa, pese a su nombre celestial, ha caído en picado por una gestión digna de una tragicomedia parlamentaria.
