De aquellas mariscadas, estos lodos judiciales.
A los ‘genios’ de la UGT se les ha acabado, como dirían en Canarias, seguir de boncho (fiesta) y ahora toca rendir cuentas ante la Justicia.
Más allá del chascarrillo referido a los grandes homenajes gastronómicos que se han dado varios líderes sindicalistas de la organización liderada ahora por Pepe Álvarez, lo cierto es que el asunto es para tomárselo en serio.
Y es que el Tribunal de Cuentas ha tenido que proceder al embargo de 49 sedes y reclamar al sindicato el abono de cerca de 10 millones de euros, 9,7 para ser exactos. Todo a cuenta del tristemente célebre caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.
Son al menos ocho los casos de corrupción derivados de la gestión irregular de los ERE:
- Asociación Faja Pirítica de Huelva: La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía acordó el 12 de diciembre de 2009 junto con UGT y CCOO conceder una ayuda sociolaboral excepcional de 544.406 euros a esa asociación formada por antiguos trabajadores de la minería para favorecer su reinserción laboral. El primer pago de 408.304 euros fue realizado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la empresa intermediaria Uniter SL. Según el Tribunal de Cuentas, «no hay ni solicitud de esta ayuda, ni memoria justificativa de la finalidad pública y el interés social y económico. No se fiscalizó este gasto de 408.000 euros, ni se analizó la situación real del sector ni se justificó por qué se pagaba la ayuda a través de una empresa que actuaba como comisionista».
- A Novo Comlink: Esta empresa tecnológica solicitó el 9 de mayo de 2005 un Expediente de Regulación de Empleo para despedir a 194 trabajadores. La Junta de Andalucía, con el visto bueno de UGT y CCOO, abonó un importe total de 3,8 millones supuestamente para pagar el plan de jubilación de esos empleados. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas asevera que se trata de una «ayuda concedida y pagada de manera injustificada, de espaldas a la normativa vigente y prescindiendo de manera absoluta de los procedimientos legalmente establecidos».
- Primayor: La empresa alimentaria se benefició de una ayuda de 10,5 millones de euros para los empleados perjudicados por el ERE. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estimó como hecho probado que Juan Lanzas se levantó una una comisión de 88.892 euros por gestionar este ERE, en el que colocó como beneficiarios a particulares que nunca habían trabajado en esa compañía.
- Muebles Promi: Esta empresa especializada en muebles de madera se benefició de una ayuda de 2,5 millones de euros de la Junta de Andalucía para poder hacer frente al ERE. Sin embargo, un relevante integrante del sindicato UGT sacó tajada de esa ayuda para montar junto con otro socio una nueva empresa de muebles, Don Formón.
- Graficromo: La compañía de artes gráficas se vio premiada con 900.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para hacer frente a su liquidación. UGT y CCOO lucharon a brazo partido para que una decena de trabajadores, de los 23 afectados por el ERE, pudieran tener acceso a las subvenciones. Estos empleados se agruparon en torno a la Asociación de Prejubilados de Graficromo, que recibió un total de 634.526 euros en concepto de ayudas sociolaborales.
- Deoleo: El Tribunal de Cuentas reclama a la empresa aceitera un total de 199.000 euros por irregularidades en la tramitación del ERE reclamado.
- Hitemasa: El organo fiscalizador también exige el reintegro de 658.000 euros a la empresa de telares radicada en Málaga.
- Manufactura Española del Corcho: Finalmente, esta compañía también registró irregularidades en la gestión de los ERE y el Tribunal de Cuentas está preguntando por un monto de 228.000 euros que no quedó justificado.
