La permanencia de Pedro Sánchez en el poder y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tiene un precio.
Y esa factura la está pasando con creces EH Bildu, que ha pasado del pasamontañas que usaban los miembros de ETA a ponerse el disfraz del cobrador del frac.
La banda política de Otegi no ofrece su apoyo a Sánchez a cambio de nada y, por lo pronto, tal y como publica este 2 de diciembre de 2020 el diario La Razón, el Ejecutivo habría cumplido el 70% de las exigencias que los bilduetarras llevaban en su programa de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.
Son siete puntos inequívocos de los que el presidente del Gobierno ya ha cumplido buena parte de ellos y no tienen duda en la formación de Arnaldo Otegi que se cumplirá fielmente desde Moncloa con el resto.
Por lo pronto ya se han permitido homenajes a los etarras, se ha acercado a los presos a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad, se ha procedido a ‘rendir’ el cuartel de Loyola para que tenga un uso diferente.
Yendo al literal de las exigencias de EH Bildu, solo quedarían por materializar los puntos 2 y 6 de esa parte del programa electoral.
Así están escritas sobre el papel lasexigencias de los ‘chicos’ de Arnaldo Otegi:
- Culminar el diseño de una ley para la Memoria Histórica que ponga en el centro a las víctimas del franquismo. Desde nuestro punto de vista, no se puede seccionar el conflicto que ha vivido este pueblo desde el golpe de Estado de 1936, la guerra y la dictadura hasta nuestros días. Más aún, en un contexto en el que vemos un resurgir del fascismo. Impulsaremos en la próxima legislatura una ley que reconozca definitivamente los derechos que tienen las víctimas del fascismo. No se puede esperar más. Las víctimas del franquismo no tienen tiempo para retrasar continuamente este debate.
- Iniciativas para reconocer y reparar a todas las víctimas del conflicto político desde una perspectiva de igualdad. Lamentablemente, más que pasos para mejorar la situación de todas las víctimas, se han impulsado infraestructuras, actos, medidas, iniciativas para imponer un relato. Se han politizado las demandas de las víctimas, o se han querido utilizar desde un punto de vista político, imponiendo un relato concreto para atacar o desgastar a quienes se pretende definir como sus responsables. Todas las víctimas tienen necesidades derivadas del acceso a la verdad y a la justicia, pero también en la vida cotidiana. Analizaremos las necesidades de todas las víctimas y elaboraremos una carta de servicios para darles una respuesta adecuada.
- Hacer frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la derogación de la ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado 12/2016. Propondremos las modificaciones legales necesarias para solventar la desigualdad de trato de estas víctimas con respecto a otras víctimas que se demostrará como consecuencia de la gestión de esta ley.
- Las y los presos políticos están haciendo un recorrido, dentro de la legalidad, para culminar el proceso de su vuelta a casa. La legislación que se les sigue aplicando actualmente es excepcional. Esta debe adaptarse a las nuevas realidades políticas mediante la necesaria transformación legal, la transición desde la excepción a la ley ordinaria. Encauzaremos el consenso de la mayoría socio-política vasca para que las Cortes españolas den los pasos legales oportunos.
- Programa consensuado con las diferentes fuerzas políticas para que los pasos que den y las solicitudes que hagan las personas presas tengan consecuencias inmediatas en base al contexto social y político actual. Acabar con el aislamiento y otras medidas inhumanas, poner en libertad a las personas presas enfermas o de edad avanzada, liberar con medidas de seguridad apropiadas a las personas que tienen cumplida una parte importante de la pena, otorgar permisos a quienes cumplan las condiciones para ello sin excusas ni maniobras, ejercer la maternidad y paternidad sin ningún impedimento… Los instrumentos que se deriven de la transferencia de la competencia de prisiones, que analizaremos desde un punto de vista más amplio, deben suponer también un marco general para el tratamiento de este colectivo a través de medidas alternativas.
- Definir y ejecutar un Programa de ayudas o medidas de protección social para la cobertura de las necesidades particulares (laborales, educativas, de vivienda, económicas, de cuidados, sanitarias …) de la persona reclusa excarcelada con el fin de favorecer su integración social y hacer frente a la vida de una forma digna.
- Reafirmar nuestra reivindicación de que las Fuerzas de seguridad españolas se replieguen o se retiren. Desde un punto de vista del modelo de seguridad, es preciso vaciar las competencias de las policías españolas, que en realidad son escasas en la actualidad. Debemos denunciar el sufrimiento que han generado, la responsabilidad que han tenido en gravísimas vulneraciones de derechos humanos y la impunidad con que han contado para ello. No podemos asumir con naturalidad su presencia hoy en día en nuestra tierra y su participación en actos político-institucionales. En lugar de una nueva victimización, debemos procurar verdad y justicia a sus víctimas y a toda la sociedad vasca
