Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, relata en ‘La segunda dosis’ la realidad que esconde el decreto ómnibus que favorece la inquiokupación.
Critica que los cuerpos de seguridad no pueden actuar “como deberían” porque la ley les impide ayudar a las víctimas de la okupación.
“Cuando esa persona, a los dos o tres años recupera su piso, porque un juez ha decretado un alzamiento judicial, y entra en su casa y viene a denunciar posteriormente 50, 60 u ochenta mil euros en daños, como ha habido en muchos casos, ¿quién le paga a este hombre? Por la okupación de domicilio le pueden poner una multa de 150 ridículos euros por okupar una vivienda dos o tres años”.
El policía ha incidido en que muchos casos se han encontrado con los pisos destrozados y que nadie les da respuesta.
“¿Se va a poner el Gobierno del lado del delincuente en lugar del ciudadano que ha pagado con el sudor de la frente? Nadie debería apoyar la okupación”.
También denuncia que existen mafias de okupación que se aprovechan de la normativa impulsada por la izquierda y validada por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la okupación masiva en unas residencias de alto nivel en Carabanchel. Detalla que en este caso, “gitanos han vendido a peruanos pisos de lujo, entre tres mil y cinco mil euros, en los cuales sus propietarios no pueden entrar porque están okupados por esta gente con contratos ilegales”.
Otro caso que denuncia el policía es el de un hotel okupado en San Blas en el que se produjo un asesinato. Además, revela que “todos los santos días hay incidentes” entre los okupas de ese inmueble.
“Ha habido incidentes casi a diario, con la pérdida de una vida a manos de los okupas, que no es cualquier cosa, y sin embargo, miramos de soslayo. Tu ves la prensa del día a día y nadie se ocupa de estas cosas. ¿Por qué? Porque el Gobierno apoya o mira de lado a los okupas entonces la prensa apesebrado no lo quiere tocar y por tanto calla como espuertas”.